!El Colmo! 'Casitas de cartón' eran las sedes principales de 27 IPS a las que les cortaron los pagos por corrupción
Resumen
ADRES aplica medidas administrativas a 23 IPS por falta de infraestructura para atender pacientes, suspendiendo pagos por más de 4.911 millones y registrando presunto fraude en varias sedes. Auditaron desde 2023 y dieron a conocer casos a la Fiscalía.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Con el objetivo de asegurar el buen uso y control de los recursos de la salud, la ADRES adoptó medidas administrativas frente a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca por la presunta inexistencia de infraestructura para atender los pacientes accidentados en la dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
En una primera decisión (Resolución 0087804 de 2025), de las 23 instituciones identificadas, la entidad suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que radicaron más de $4.911 millones. Estas entidades venían facturando con anterioridad:
En una segunda decisión (Resolución 0087805 de 2025), a 11 IPS se les suspendió de manera indefinida la solicitud de registro de las cuentas bancarias ante la ADRES. La medida les rechaza facturas nuevas a las siguientes entidades reclamantes:
En cumplimiento del debido proceso, la ADRES realizó ya la notificación a los representantes de estas IPS, las cuales tienen 10 días hábiles para presentar recurso de reposición.
La identificación de estas anomalías se da gracias a las auditorías realizadas por tres firmas contratadas por ADRES desde 2023, con visitas físicas, para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados.
En 2024, la ADRES también adoptó medidas administrativas para suspender los pagos a otras 52 IPS que han radicado cuentas por más de 70 mil millones de pesos. De estas, la entidad puso en conocimiento de las Fiscalía General de la Nación, el presunto delito de fraude o intento de fraude, por parte de 36 entidades que no lograron demostrar que contaban con infraestructura física, pese a tener registro de habilitación para la prestación de servicios de salud.
