Caso de calor insoportable y techo tóxico en colegio santandereano será investigado por las autoridades
Resumen
En el colegio Aquileo Parra de Barichara, estudiantes siguen expuestos a techos de asbesto pese a una orden de la Corte Constitucional para intervenir el plantel.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La denuncia hecha por la representante a la Cámara Jenifer Pedraza volvió a poner sobre la mesa una realidad que en Santander parece haberse vuelto costumbre: estudiantes obligados a recibir clases en condiciones indignas mientras las órdenes judiciales se empolvan en los escritorios de la burocracia.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Politica / EL FRENTE
La atención en esta denuncia está sobre el Instituto Técnico Aquileo Parra de Barichara, donde centenares de alumnos continúan estudiando bajo cubiertas de asbesto, material prohibido en Colombia por sus comprobados riesgos para la salud.
La congresista lanzó la denuncia en el Congreso con una pregunta que golpeó el recinto como un ladrillo: si quienes administran el Estado aceptarían que sus propios hijos estudiaran en un salón cubierto por techos de asbesto.
La respuesta tácita, según dijo, es evidente. Pero mientras ningún funcionario pondría a sus hijos allí, los niños de Barichara siguen soportando aulas convertidas en hornos bajo el sol inclemente del cañón santandereano.
Pedraza advirtió que la permanencia dentro de las aulas se ha vuelto “insoportable” por las altas temperaturas que concentran las tejas de este material, agravando un panorama que ya ha generado reportes de dolores de cabeza, mareos e incluso sangrados nasales entre los estudiantes. Una escena que, lejos de parecer una excepción, retrata el abandono estructural de la infraestructura educativa en varias regiones del departamento.
La gravedad del caso no radica solo en la precariedad de las instalaciones, sino en que el problema persiste pese a una orden expresa de la Corte Constitucional. Mediante la sentencia T-340 de 2024, el alto tribunal ordenó intervenir el plantel, reemplazar las cubiertas de asbesto y mejorar las condiciones generales del colegio. Sin embargo, a juicio de la representante, la sentencia ha sido ignorada y las obras siguen sin ejecutarse.
Procuraduría pide acciones
La denuncia llega justo cuando la Procuraduría General de la Nación acaba de reiterar su llamado a todas las entidades del país para cumplir la Ley 1968 de 2019, norma que prohibió el asbesto en Colombia desde el 1 de enero de 2021 y ordenó avanzar en su sustitución.
El órgano de control advirtió que persiste un preocupante retraso en la formulación y ejecución de la política pública para retirar este material de los espacios donde aún permanece instalado, pese a los riesgos sanitarios y ambientales ampliamente documentados.
En ese contexto, el caso del Aquileo Parra aparece como una bofetada institucional: no solo se mantiene en pie una infraestructura con material prohibido, sino que ocurre dentro de un plantel educativo, donde la población expuesta es especialmente vulnerable.
Pedraza responsabilizó directamente a la Gobernación de Santander, encabezada por Juvenal Díaz Mateus, y al Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas Medellín, exigiendo acciones inmediatas para cumplir la sentencia y garantizar condiciones dignas a los estudiantes.
La indignación crece aún más al conocerse que, ante la inacción estatal, ha sido la propia comunidad educativa la que ha tenido que recurrir a rifas, recolectas y actividades solidarias para intentar reunir recursos con los que reemplazar parte de las tejas. Padres de familia y docentes haciendo colectas para resolver lo que el Estado lleva años sin atender: una postal dolorosa de cómo la educación pública termina sobreviviendo a punta de caridad mientras las autoridades guardan silencio.
