Catastro en la encrucijada: denuncias por fallas y enorme riesgo para la propiedad

Veeduría nacional estuvo en Santander donde hay fallas enormes en avalúos catastrales

Se propone una reforma a la política catastral nacional a través del Congreso de la República y se anuncia un paro nacional el 9 de abril, si antes no hay una mesa de diálogo y soluciones concretas a las caprichosas actualizaciones catastrales que se  realizan.

La actualización catastral multipropósito, a nivel nacional, se transforma en un problema piramidal que desprotege a propietarios, frena el mercado inmobiliario y se proyecta a abrir un extenso expediente enfocado en realizar certeras investigaciones para determinar si hay negligencia en la forma como se ejecutan los avalúos.

La Veeduría Nacional de Catastro Multipropósito exige transparencia y control técnico riguroso, porque la alarma que plantea esta entidad exige una respuesta estatal contundente.

El catastro multipropósito debe servir al desarrollo territorial, no convertirse en arma que despoje derechos y distorsione el mercado. La solución implica norma clara, vigilancia efectiva y reparación de daños.

Diario EL FRENTE diálogo con Tatiana Muñoz (foto), Presidenta de la Veeduría Nacional de Catastro Multipropósito y fundadora del Movimiento Unidos por un Catastro Justo, el cual opera a nivel nacional y promueve veedurías locales para supervisar procesos catastrales.

¿Cuál es el propósito de la entidad y dónde actúa en la actualidad?

“Iniciamos en Cundinamarca. Desde el año pasado ampliamos presencia al Eje Cafetero, Antioquia, Norte de Santander y ahora en Santander. Recorremos territorios y constituimos veedurías municipales”.

¿Hacia dónde está puesto el foco de su trabajo?

“En visibilizar que el catastro dejó de ser un asunto local y pasó a afectar derechos de propiedad en todo el país. Sostengo que el catastro es esencial para el ordenamiento territorial, pero la aplicación actual provoca perjuicios a propietarios y a la gestión pública”.

¿Cuál es la raíz de las fallas?

“La norma vigente posee vacíos que incentivan rapidez sobre calidad. El Estado define el valor de la tierra, ese valor alimenta impuestos, trámites notariales, registros y programas sociales. El apuro por actualizar el 70% del país en un año resultó inviable. El IGAC tenía rezago y, al descentralizar, habilitó gestores sin capacidad técnica suficiente”.

¿Qué prácticas concretas generan daño?

“Operadores que no visitan propiedades, que aplican métodos sin verificar áreas ni condiciones físicas, que basan avalúos en sondeos de mercado improvisados. En ocasiones se consulta a vendedores y se ajusta un valor general sin revisar características reales. Ese método produce valores alejados de la realidad”.

¿Hay consecuencias legales y administrativas?

“Sí. Registramos más de sesenta investigaciones ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Existen investigaciones en la Procuraduría y en la Contraloría. Algunos catastros ya recibieron sanciones, como el caso de Soacha. Además, la veeduría ha enviado más de veinte mil cartas al Presidente de la República”.

¿Cómo afecta esto a la gente común?

“Se vulneran nombres de propietario, áreas de terreno y construcciones, y avalúos. Casos concretos muestran predios con cambios de titularidad por registros defectuosos, construcciones desaparecidas en el catastro o sumas de área erróneas. Esos errores paralizan ventas, generan embargos y obligan a costear peritos para reclamar correcciones”.

¿Qué ocurre con los avalúos?

“El avalúo catastral determina, para el Estado, el valor base para impuestos y beneficios. Hemos visto casos donde un predio valorado en 350 millones aparece en registros con avalúo catastral de 2.700 millones, con implicaciones fiscales enormes. Personas de bajos ingresos pierden acceso a subsidios porque, en el papel, resultan ‘megaricos’".

¿Quién controla a los gestores y operadores?

“El IGAC habilita y vigila gestores, la Superintendencia puede imponer multas o solicitar deshabilitarlas. Sin embargo, los operadores, responsables del trabajo de campo, no reciben habilitación ni supervisión clara. Eso deja una franja del proceso sin control técnico institucional”.

¿Por qué sigue la actualización pese a las denuncias?

“Porque existe presión por recaudar ingresos y porque corregir requiere más presupuesto que rehacer. Las autoridades priorizan rapidez y cobertura para aumentar la base fiscal. La estructura normativa permite que el sistema autorregule fallas, lo que genera conflictos de interés y falta de sanciones eficaces”.

¿Qué demanda la Veeduría?

“Exigimos transparencia en los procesos, control riguroso de habilitación de gestores y operadores, auditorías técnicas independientes y mecanismos accesibles para corregir errores sin costos prohibitivos para propietarios. También pedimos revisar la meta de cobertura y dotar al IGAC de equipos técnicos y recursos”.

¿Se presentarán demandas masivas contra el Estado?

“El riesgo existe. Ya hay procesos por cobros coactivos y embargos relacionados con actualizaciones catastrales. La falta de garantía técnica y la ausencia de supervisión integral incrementan la probabilidad de litigios y pérdidas patrimoniales para ciudadanos y administraciones”.

¿Qué pasos concretos propone la veeduría para corregir errores y prevenir nuevos?

“Presentar al Gobierno una hoja de ruta. Reformar la normatividad catastral, suspender actualizaciones masivas hasta auditar procedimientos, exigir habilitación y supervisión rigurosa de gestores y operadores, ordenar auditorías técnicas independientes, crear canales gratuitos de reclamo y reparación para los propietarios, publicar criterios y bases de datos de avalúos, aplicar sanciones proporcionales, acelerar investigaciones administrativas, asignar al IGAC personal técnico, presupuesto y recursos humanos adicionales y establecer plazos realistas operativos”.