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Cebolleros del Catatumbo prefieren botar la carga en lugar de perder más dinero

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Resumen

La importación ilegal de cebolla roja desde Perú está afectando a 10,000 familias en el Catatumbo, Norte de Santander, ya que satura el mercado local con precios inferiores. Los esfuerzos gubernamentales para controlar la situación han sido insuficientes.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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En el Catatumbo, Norte de Santander, la crisis afecta a unas 10.000 familias dedicadas al cultivo de cebolla roja debido a la importación ilegal de este producto desde Perú. La cebolla peruana, que atraviesa el país para abastecer mercados en la Costa Atlántica, Santanderes, Cesar e incluso Bogotá, ha saturado el mercado local con precios muy inferiores a los que se manejan en la región.

Para los agricultores de la Provincia de Ocaña y el Catatumbo, vender una carga de cebolla entre 80.000 y 120.000 pesos resulta insostenible, ya que el costo de producción supera los 250.000 pesos por carga (aproximadamente 135 a 145 kilos). "La solución sería llegar a un punto final porque nosotros no podemos ponernos a cultivar cebolla para que un Gobierno o un comercio que explota el campesino tenga que vivir esta situación", declaró un agricultor afectado.

Otro productor compartió su frustración: "Llegar uno a la casa y no poderle llevar ni un par de zapatos a la mujer y a los hijos es una situación muy lamentable". La competencia desleal generada por la cebolla peruana ha coincidido con el pico de producción local, exacerbando la crisis.

El Gobierno Nacional prometió controles en Rumichaca para frenar la importación ilegal, pero estos esfuerzos han sido insuficientes o incumplidos. Muchos agricultores han optado por dejar que la cebolla se pierda en sus fincas o desecharla antes que asumir los costos de transporte para llevarla a los mercados regionales.

En respuesta a la situación, los cebolleros han anunciado que, si no se encuentra una solución inmediata, se verán obligados a entrar en paro y bloquear las vías del Norte de Santander hasta que el gobierno intervenga y resuelva la crisis que afecta a su subsistencia.

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