El caso del predio Cereté Campestre dilucida a la perfección cómo Carmen Edith Serrano Cipagauta, viuda del político asesinado Maximiliano Vergara, víctima de despojo, desplazamiento forzado y la violencia política, continúa envuelta en una pervertida y predominante marea de revictimizaciones de tipo institucional, principalmente por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja, pero a la que se han unido toda una serie de entidades públicas que cuando la ven le cierran las puertas en la cara. No hay duda, la consigna es no ayudarla a respetar sus derecho a la propiedad violando de cabo a rabo su condición de víctima.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Este 2 de septiembre se cumplieron 35 años de un crimen que estremeció a Santander y al Magdalena Medio: el asesinato del diputado conservador Maximiliano Vergara Martínez, ocurrido en la Avenida del Ferrocarril de Barrancabermeja en 1990. El líder político, expresidente de la Asamblea departamental y figura central del conservatismo regional, cayó a manos de los violentos, en un hecho que marcó no solo a la dirigencia política local, sino también a su familia.

Tres décadas después, el crimen reposa en la absoluta impunidad y la viuda de Vergara, Carmen Edith Serrano Cipagauta, no solo sigue cargando con la memoria del homicidio de su esposo, sino que libra otra batalla que, según ella, refleja una de las grandes paradojas del Estado colombiano: ser víctima reconocida de violencia política y despojo, y al mismo tiempo, enfrentarse a la justicia como si fuera la invasora de sus propias tierras.

Esta historia está ligada a Cereté Campestre, un predio que adquirió legalmente en 1986, en el suroriente de Barrancabermeja, y por el que ha pagado impuestos prediales sin interrupción. Pero desde 1997, ese terreno se convirtió en escenario de paulatinas y sucesivas invasiones, procesos judiciales, resoluciones administrativas y planes urbanísticos que, lejos de restituirle sus derechos, terminaron poniéndola en el banquillo de los acusados.

De la violencia política a víctima de despojo

La primera tragedia de Carmen Edith Serrano fue el asesinato de su esposo. Maximiliano Vergara, quien integraba el Movimiento Único de Renovación Conservadora, creado por el exgobernador Jorge Agustín Sedano, fue considerado durante los años 80 uno de los hombres más influyentes de la región. Su liderazgo, respaldado por veteranos jefes políticos locales y concejales conservadores, lo convirtió en blanco de los actores armados.

Al drama de la viudez se sumó, pocos años después, el despojo de su patrimonio. El 16 de marzo de 1997, su predio Cereté Campestre fue invadido. La Alcaldía de Barrancabermeja ordenó el desalojo mediante la Resolución 0654 del 15 de abril de 1997, pero el procedimiento fracasó. El inspector de Policía de la época, Carlos José Villarreal Rueda, se negó a autorizar el acompañamiento de la fuerza pública.

La sorpresa fue mayor cuando años después ese mismo funcionario apareció como abogado en un proceso de pertenencia instaurado en su contra por quienes ocupaban el terreno.

Sentencias incumplidas y legalización de lo ilegal

La justicia le dio la razón a la propietaria. En 2003, tanto el Juzgado Segundo Penal Municipal como el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barrancabermeja profirieron fallos ordenando el desalojo de los ocupantes, incluso con apoyo de la fuerza pública. Ninguna de esas sentencias se cumplió.

Por el contrario, la Alcaldía de Barrancabermeja expidió en diciembre de 2008 la Resolución 0150, que reconoció urbanísticamente el asentamiento “16 de Marzo” levantado sobre Cereté Campestre. La decisión ratificaba a Serrano como propietaria, pero no contemplaba indemnización ni negociación alguna.

En 2011, dentro del Plan Parcial de Expansión Suroriental, el municipio intentó imponerle todas las cargas urbanísticas parques, vías y rondas hídricas, sin otorgarle los mismos beneficios que a los predios vecinos. Ante su negativa a aceptar esas condiciones, fue excluida arbitrariamente del plan.

“Era como si me castigaran por defender lo que era mío”, afirma hoy Serrano, recordando que ese mismo año denunció una nueva invasión sobre parte de su terreno.

Reconocida como víctima …y luego excluida

El 11 de diciembre de 2012, Serrano acudió a la institucionalidad. Radicó ante la Unidad de Restitución de Tierras la solicitud de inscripción de Cereté Campestre como predio despojado. En paralelo, la Unidad para las Víctimas, mediante la Resolución 2013-137420 del 8 de abril de 2013, la reconoció a ella y a su núcleo familiar como víctimas de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y despojo de bienes.

Sin embargo, lo que siguió fue un giro insólito. Mientras a ella se le negó el ingreso al Registro de Tierras Despojadas, varios de los ocupantes posteriores del predio sí fueron admitidos como reclamantes propietarios del predio de Carmen Edith, al punto de que hoy cursan seis procesos de restitución en su contra promovidos por quienes ocuparon su terreno de facto.

“Es una paradoja dolorosa: los invasores tienen procesos de restitución y yo, que soy la propietaria original y víctima reconocida, sigo excluida”, denuncia con desazón Serrano Cipagauta.

Una institucionalidad que revictimiza

 Han pasado 28 años desde la primera invasión y más de una década desde que Serrano fue reconocida oficialmente como víctima. En ese tiempo, Cereté Campestre se transformó en un barrio consolidado, mientras la dueña legítima sigue recorriendo oficinas judiciales e institucionales, intentando que se reconozca su derecho.

“No pido favores, pido justicia. Pido que el Estado cumpla con lo que ya dijo la justicia: que ese predio es mío”, insiste.

La historia de Carmen Edith Serrano Cipagauta es, en definitiva, la de una mujer que pasó de ser viuda de un líder político asesinado, a víctima de despojo y desplazamiento, y ahora a acusada en su propio terreno. Un símbolo de cómo, en Colombia, la línea entre la víctima y el victimario puede terminar invertida por la acción o la omisión de la institucionalidad.

El caso de Cereté Campestre no es un hecho aislado. Representa, según analistas y defensores de víctimas, una radiografía de las fallas estructurales de la política de restitución en Colombia: decisiones judiciales que no se ejecutan, autoridades que legalizan ocupaciones ilegales, funcionarios que pasan de impedir desalojos a litigar contra los dueños originales, y un sistema que, en lugar de reparar, revictimiza.

“El mensaje que queda es devastador: si defiendes tu tierra, terminas señalado; si la invades, el Estado termina reconociéndote”, reconoció Serrano Cipagauta.

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