Cierra primer laboratorio legal de hoja de coca en Colombia por falta de apoyo gubernamental
Resumen
El primer laboratorio legal de hoja de coca en Colombia cerró tras no recibir el apoyo del Gobierno para su sostenibilidad. Aunque obtuvo un registro de abono orgánico, la falta de un decreto impidió la comercialización. Esto llevó a que cultivos legales fueran vendidos a narcotraficantes.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El primer laboratorio legal de hoja de coca en Colombia, una iniciativa que buscaba promover el uso lícito de la planta y alejar a los campesinos de la producción de cocaína, cerró sus puertas tras no recibir el apoyo gubernamental necesario para su sostenibilidad. El proyecto, impulsado por comunidades indígenas del suroccidente del país, había logrado la obtención del primer registro de abono orgánico con composición de hoja de coca en diciembre de 2023 por parte del Ministerio de Agricultura y el ICA. Sin embargo, a pesar de la inversión de cerca de 2.000 millones de pesos y la contratación de 30 personas, la falta de un decreto que permitiera la comercialización de sus productos impidió su funcionamiento.
Según Victoriano Piñacué, líder de la iniciativa, a pesar de las promesas y el reconocimiento inicial por parte del Gobierno nacional, incluyendo visitas de la Vicepresidenta y declaraciones favorables del Presidente Petro, no se concretaron los permisos ni el apoyo necesario para la venta de sus productos. Ante la imposibilidad de generar ingresos, la planta tuvo que cerrar en diciembre de 2024.
Esta situación ha llevado a que parte de los cultivos de hoja de coca destinados a la producción lícita vuelvan a ser vendidos a narcotraficantes en el departamento del Cauca, donde la arroba se paga a un precio considerable. Piñacué lamentó la falta de compromiso real por parte de los ministerios y expresó la frustración de las comunidades indígenas, quienes sienten que no se les brindó la oportunidad de desarrollar una economía lícita y autónoma.
Por su parte, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, explicó que la falta de un marco legal en construcción por el Ministerio de Justicia es la razón por la que no se han otorgado los permisos de comercialización. Sin embargo, las comunidades indígenas interpretan esta demora como una falta de voluntad política. Miranda reiteró que la erradicación voluntaria sigue siendo la principal estrategia del Gobierno para reducir los cultivos de coca, a través de programas de sustitución de ingresos, economías y bienes complementarios en territorios específicos del país.
A pesar de estos esfuerzos, la situación del laboratorio legal de hoja de coca evidencia las dificultades y los desafíos en la implementación de alternativas económicas para las comunidades cultivadoras.