Cifras de secuestros extorsivos en Norte de Santander superarían los registros oficiales

La tranquilidad se ve gravemente amenazada en Norte de Santander, donde el secuestro extorsivo emerge como un flagelo creciente y alarmante. Las regiones del Catatumbo y la provincia de Ocaña son el epicentro de esta crisis, que no solo afecta la seguridad, sino también la economía regional al centrarse en comerciantes y empresarios.

Aunque las autoridades no manejan cifras consolidadas de secuestros, la realidad es mucho más sombría de lo que reflejan los registros. De acuerdo con un subregistro manejado por la Alta Consejería para la Paz, se estima que al menos sesenta personas se encuentran actualmente en cautiverio en el departamento, retenidas por grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y bandas delincuenciales dedicadas exclusivamente a este delito.

Gran Preocupación ciudadana

La preocupación ha escalado en las últimas horas tras denunciarse el secuestro de tres personas en hechos aislados en el municipio de Tibú, una de las zonas más golpeadas por la violencia en el Catatumbo. A esto se suma la desaparición de un joven transportador en el mismo municipio, de quien se desconoce paradero, estado de salud o qué grupo armado es responsable de su retención.

Ante la escalada de la situación, según el medio Alerta Santanderes, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, reconoció la gravedad de los hechos y la necesidad de intensificar la lucha contra este delito.

"Lamentamos los hechos que se han presentado en la región en materia de secuestros; avanzamos en lo que es posible, incluso con el pago de recompensas. Por eso esperamos que esta modalidad no siga avanzando", declaró el mandatario, asegurando que el GAULA y otras fuerzas de seguridad están realizando operativos constantes para mejorar los resultados.

Villamizar agregó que la gran mayoría de estos secuestros tienen un trasfondo extorsivo, siendo un método de financiación brutal de los grupos armados para presionar a empresarios y comerciantes.

Defensores de derechos humanos y líderes sociales llevan meses alertando sobre esta situación, indicando que la presión de los actores armados está creando un ambiente de terror e incertidumbre entre el sector productivo de la región.