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CNE es competente para investigar violaciones a topes de campaña, pero no para decretar pérdida del cargo al Presidente

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Resumen

El Consejo de Estado determinó que el Consejo Nacional Electoral puede investigar posibles violaciones en la financiación de la última campaña presidencial. Sin embargo, solo el Congreso de la República puede eventualmente sancionar al jefe de Estado por estos actos.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la última campaña a la Presidencia de la República.

Igualmente, estableció que es competencia del Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza.

Así lo señala la decisión de la Sala que resuelve el conflicto positivo de competencias que se suscitó entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por hechos relacionados con un probable abuso frente a los límites legales de gastos y aportes a la campaña del presidente Gustavo Petro.

La Sala explicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de imponer las sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador de la campaña a la Presidencia, en caso de comprobar irregularidades previstas en la ley, excepto la de una eventual pérdida del cargo. En ese caso, la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo exigen los juicios por indignidad política, precisó.

“La decisión del presente conflicto de competencias administrativas en manera alguna afecta las competencias específicas que, por mandato constitucional, en materia penal y disciplinaria de altos servidores del Estado, corresponden al resorte privativo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, se concluye en la providencia.

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