Colombia al borde del abismo

Por: Felipe Rodríguez Espinel

Nuestra situación fiscal es extremadamente frágil. La necesidad de recortes por 46 billones de pesos, recaudos tributarios por debajo de lo proyectado y reservas de caja en mínimos históricos. Estos datos, lejos de ser meras cifras técnicas, constituyen el termómetro de la salud financiera del Estado. La confianza no se decreta, se construye con coherencia y responsabilidad.

Es imposible analizar la situación económica sin abordar el contexto político. La creciente polarización y el enfrentamiento institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, tras el hundimiento de la reforma laboral, han generado un clima de incertidumbre que se traduce inevitablemente en volatilidad económica. La propuesta de una consulta popular y la implementación por decreto de reformas rechazadas en el Congreso representan un camino peligroso que amenaza el equilibrio de poderes, pilar fundamental de cualquier democracia moderna.

La designación del nuevo ministro de Hacienda resulta particularmente preocupante. En momentos donde se requiere un timonel experimentado para navegar aguas turbulentas, la administración ha optado por un perfil cuya principal virtud parece ser la lealtad política. La historia económica latinoamericana está repleta de ejemplos donde el voluntarismo político se impuso sobre la racionalidad técnica, con consecuencias devastadoras para la población más vulnerable.

Las economías que mejor han resistido los embates de la inflación y la inestabilidad global son precisamente aquellas que han mantenido un manejo responsable de sus finanzas públicas, independientemente de su orientación ideológica. Un claro ejemplo es Chile, bajo un gobierno progresista, ha sabido separar las transformaciones sociales de la irresponsabilidad fiscal.

Es necesario desmitificar la falsa dicotomía entre justicia social y estabilidad macroeconómica. Un Estado quebrado es incapaz de garantizar derechos o financiar programas sociales. Por el contrario, la inflación y la inestabilidad económica actúan como el impuesto más regresivo, afectando desproporcionadamente a quienes menos tienen. El desarrollo requiere tanto de libertades políticas como de estabilidad económica.

Colombia no puede darse el lujo de experimentar con sus finanzas públicas. El país afronta múltiples desafíos estructurales que requieren soluciones pragmáticas: una pobreza persistente que alcanza al 36.3% de la población según el DANE, un desempleo juvenil superior al 20% y una informalidad laboral cercana al 60%. Estos problemas demandan atención urgente, pero las soluciones deben construirse sobre bases fiscales sólidas.

La radicalización del discurso presidencial, con expresiones que deslegitiman y deshumanizan a los opositores, no solo enrarece el clima político, sino que dificulta la construcción de los acuerdos que el país necesita. La experiencia internacional demuestra que los consensos amplios son fundamentales para implementar reformas sostenibles y perdurables.

Nos encontramos, pues, ante una encrucijada histórica. El camino de la radicalización y la improvisación económica conducirá inevitablemente a más polarización y deterioro institucional. La alternativa exige un retorno a la sensatez, mantener la autonomía técnica en el manejo económico y abrir espacios genuinos de diálogo donde las reformas necesarias se construyan desde el respeto a la institucionalidad democrática. El bienestar de millones de colombianos depende de esta elección.