Colombia cierra anticipadamente su acuerdo de crédito con el FMI

El Gobierno colombiano, a través del Banco de la República, anunció la cancelación anticipada del acuerdo de Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), vigente desde abril de 2024. La decisión se hizo oficial el 30 de septiembre y llega en un momento de tensión en la política fiscal y de incertidumbre sobre el rumbo económico del país.

Según la comunicación oficial, el acceso a los recursos de esta línea de crédito había sido suspendido por el organismo multilateral desde el 26 de abril de 2025, tras la evaluación realizada en el marco del Artículo IV, y así permanecería hasta el vencimiento del acuerdo. En la práctica, Colombia mantenía un respaldo financiero que ya no podía utilizar, lo que llevó al Emisor a optar por la cancelación definitiva.

La LCF había sido aprobada en abril de 2024 por un monto de 6.133,5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos 8.100 millones de dólares. Este mecanismo, renovado en varias ocasiones desde 2009, se concibió como un seguro de precaución frente a choques externos, más que como una fuente de financiamiento ordinario. Aunque Colombia solo usó este instrumento en diciembre de 2020, durante la pandemia, su permanencia era vista como una señal de confianza para los mercados.

Un respaldo que ya no existe

El Banco de la República justificó la decisión en la solidez de las reservas internacionales, que alcanzan actualmente los 65.500 millones de dólares. Esta cifra récord se explica por el programa de acumulación de divisas realizado en 2024, que sumó 1.500 millones de dólares, y por la rentabilidad de los portafolios, que reportó ganancias por 4.500 millones en 2024 y lo corrido de 2025.

El Emisor aclaró además que la cancelación no afecta el cronograma de pagos de la deuda adquirida en 2020, cuyo saldo pendiente será cancelado en diciembre de 2025, tal como estaba previsto. De esta manera, se intenta transmitir tranquilidad frente a los compromisos externos y a la estabilidad de las cuentas internacionales.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, respaldó la medida, recordando que la línea fue utilizada en circunstancias excepcionales, cuando el país enfrentó la crisis derivada de la pandemia. “Sostenerla hoy significaba pagar comisiones onerosas sin un beneficio real, ya que el acceso estaba suspendido y el costo era alto para las finanzas públicas”, afirmó.

Petro: del respaldo al rechazo

El presidente Gustavo Petro también intervino en el debate. Desde su cuenta en X, el mandatario afirmó que la decisión marca el fin de una etapa de endeudamiento “irresponsable” heredada del gobierno de Iván Duque. Recordó que entre 2020 y 2023 Colombia destinó cerca de 5.000 millones de dólares para pagar compromisos con el FMI y aseguró que a partir de enero de 2026 el país quedará libre de esta deuda.

“El sobreendeudamiento de Duque estableciendo subsidios insostenibles, como el de la gasolina, también ha sido pagado”, escribió, en un mensaje que combinó la crítica política con la reivindicación de su estrategia económica.

La declaración contrasta con los mensajes del propio Petro en 2023, cuando celebró que el FMI renovara la LCF y reconociera la solidez de las reformas de su gobierno. Esta ambigüedad ha alimentado las críticas de sus opositores.

Voces críticas

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó la medida como “un contrasentido”. Según él, la LCF representaba una “llanta de repuesto” que blindaba a Colombia frente a riesgos extremos y fortalecía la confianza del mercado, aunque no se utilizara.

Restrepo subrayó que el FMI ya había advertido sobre el deterioro fiscal del país y que, en realidad, la decisión de Petro fue una forma de anticiparse a la cancelación inevitable por parte del propio organismo. “Renunciar a ese respaldo deja al país más expuesto, con mayor riesgo de tasas altas de endeudamiento y menor inversión extranjera”, señaló.

El exfuncionario agregó que el déficit y la deuda pública están en niveles históricos. Según sus cálculos, el déficit fiscal alcanzará este año el -8% y la deuda pública el 65% del PIB, cifras que no se habían visto en la historia reciente del país. Para Restrepo, el crecimiento desbordado del presupuesto nacional en gastos de funcionamiento es muestra de un manejo fiscal “desordenado”.

Expertos del sector privado alertan riesgos

El anuncio tampoco fue bien recibido en el sector financiero. Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores, señaló que la medida implica perder acceso a una fuente de financiamiento privilegiada, de bajo costo y reservada a países con fundamentos económicos sólidos. “Más allá de su uso, la LCF era un símbolo de confianza internacional. Cancelarla es un paso en falso”, dijo.

Entre la confianza y la incertidumbre

Más allá de las interpretaciones políticas, lo cierto es que Colombia enfrenta una coyuntura compleja. El país cuenta con reservas internacionales en máximos históricos, lo que brinda un colchón frente a riesgos externos. No obstante, los altos niveles de deuda y déficit presionan la sostenibilidad fiscal y ponen en entredicho la credibilidad de la política económica.

El Banco de la República insiste en que la cancelación de la LCF no tendrá impactos financieros relevantes, dado que la línea ya no estaba disponible. Además, recalca que el diálogo con el FMI continuará en otras áreas de cooperación técnica. Sin embargo, analistas advierten que la pérdida de este mecanismo podría afectar la percepción de los inversionistas internacionales sobre la estabilidad del país.

Un nuevo capítulo en la relación con el FMI

Colombia mantenía la LCF desde 2009, renovándola cada dos años como un símbolo de respaldo a su solidez macroeconómica. Su cancelación, más allá de la coyuntura actual, marca un cambio significativo en la relación con el organismo multilateral.

Para algunos, se trata de un mensaje de autonomía y confianza en la capacidad del país para gestionar sus propias reservas. Para otros, es la confirmación de que Colombia ya no cumple con los estándares que la hacían merecedora de ese reconocimiento internacional.

En todo caso, la salida de la LCF obliga al Gobierno a concentrarse en su política fiscal interna y a buscar alternativas de financiamiento sostenibles. El próximo pago de diciembre de 2025 será la última huella tangible de un acuerdo que acompañó a Colombia durante más de 15 años y que ahora llega a su fin.