Resumen
El gobierno colombiano promueve la anarquía para desviar la atención del fallido plan de 'Paz Total', afectando valores democráticos y despojando tierras campesinas. Ventas de activos y medidas restrictivas generan incertidumbre en la población. Gobernadores defienden derechos mineros.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Empieza la nueva etapa de anarquía promovida por el gobierno nacional para distraer a la opinión pública del fracaso de la política de ‘Paz Total’, que fue un embeleco para recoger grandes aportes económicos de grupos terroristas, contrabandistas y narcotraficantes, que señaron con la amnistía y el indulto para los integrantes de las organizaciones criminales, que jugaron a la tómbola en la campaña presidencial, cuyas investigaciones están aplazadas por la Fiscalía General de la Nación y por el Consejo Nacional Electoral, que han sido también sus cómplices.
Colombia: el país de la anarquía como lo pregonaba el candidato presidencial del denominado ‘Pacto Histórico’ que sigue pisoteando la Constitución Nacional y las leyes de la República, está acabando con los valores democráticos, que eran parte de la filosofía de los partidos históricos, que fueron las catedrales de la democracia. La gente camina agachada por las calles y zonas campesinas de Colombia, meditando sobre la suerte de este país, con un gobierno que ha perdido credibilidad y la vergüenza.
Ahora están poniendo en venta importantes activos de la nación, como las acciones que Colombia posee en empresas multinacionales de telefonía celular. El año pasado la producción de carbón mineral le dejó al país siete mil millones de dólares, no obstante, la prohibición del gobierno de cerrar las zonas mineras, bajo el pretexto de reducir la contaminación ambiental.
La Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL -, bajo la dirección del ingeniero Ricardo Roa, está comprando gas domiciliario desde Venezuela, para pagarle al sátrapa que compró las elecciones presidenciales del vecino país, cuando la dictadura de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello Rondón está buscando la ampliación de la línea fronteriza con Colombia para apoderarse de las reservas petroleras en la región del Catatumbo.
La anarquía suele ser el común denominador de la ministra del medio ambiente, que ha pretendido expropiar las tierras campesinas de la Cordillera de Santurbán, en el departamento de Santander, donde les han prohibido hasta la siembra de productos perecederos como la papa, el fríjol y el maíz, además del mantenimiento de una vaca lechera en zonas de minifundio, para atender a la subsistencia de unos cuarenta mil habitantes de la región. La ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad, ha incurrido en un monstruoso prevaricato, al intentar despojar de sus tierras a los campesinos de la región de Soto Norte en el departamento de Santander.
El señor gobernador del departamento, Mayor General Juvenal Díaz Mateus, ha defendido los derechos de la población minera en los municipios de Vetas, California, Suratá, Matanza, Tona y Charta, que buscan proteger sus derechos y evitar los atropellos que el régimen ha querido imponer en esta región de Colombia. En la región de Soto Norte, les han prohibido a los mineros artesanales explotar su propia riqueza, con el pretexto de proteger las corrientes de agua que abastecen los acueductos de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, además de las fuentes hídricas que tienen su origen en el Páramo de Berlín y en Mutiscua, Norte de Santander.
