Colombia es el segundo país del mundo con mayores cifras de desplazamiento forzado y despojo
Colombia es el segundo país del mundo con más desplazamiento forzado interno, con más de 7,2 millones de personas afectadas.
Colombia es el segundo país del mundo con más desplazamiento forzado interno, con más de 7,2 millones de personas afectadas.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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El reciente informe del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) reportó cifras históricas de personas afectadas por desplazamiento a nivel mundial por conflicto: aumentaron un 60 % entre 2024 y 2025, más del doble del promedio registrado en la última década.
De acuerdo con el IDMC, desde 1998, el desplazamiento forzado sigue siendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo, con más de 82,2 millones de personas afectadas. Después de Sudán, Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en desplazamiento interno por conflicto armado, con más de 7,2 millones de personas afectadas por este fenómeno.
El informe señala además que, por primera vez, los desplazamientos por las hostilidades superaron a los ocasionados por desastres. Aunque estos últimos disminuyeron un 35 %, continúan por encima del promedio de los últimos diez años.
Los resultados reflejan dos situaciones preocupantes: la persistencia de la violencia armada y las debilidades en la atención y respuesta a las personas desplazadas por desastres, que continúan en condiciones de vulnerabilidad.
Reporte de la Defensoría
Estas cifras concuerdan con los reportes de la Defensoría del Pueblo, que evidenció un aumento de las afectaciones derivadas de la violencia armada y de desastres asociados al cambio climático, los cuales profundizan escenarios de doble afectación para comunidades en Colombia.
Durante 2025, documentó alrededor de 107.900 personas perjudicadas por desplazamiento forzado masivo y más de 128.800 por confinamiento, consolidando las dos dinámicas como unas de las principales afectaciones a la movilidad humana en el país, particularmente en Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó.
La situación persiste en 2026 (enero-abril), especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Chocó. En este periodo se documentaron 46 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 8.249 personas, así como 31 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 45.869 personas.
Asimismo, la entidad alertó sobre el aumento de desplazamientos asociados a desastres y efectos del cambio climático en el país. Mientras en 2024 hubo 13 eventos con 27.434 personas afectadas, en 2025 la cifra ascendió a 23 eventos y más de 143.000 personas afectadas en 13 departamentos: Caquetá, Vichada, Antioquia, Chocó, Caldas, Arauca, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima.
La mayoría de estos hechos estuvo relacionada con precipitaciones extremas, como inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos. Además, en el 90 % de los eventos la población perjudicada ya había sido previamente desplazada por el conflicto armado.
Llamado a las autoridades
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo reitera la urgencia de poner en marcha medidas impostergables para fortalecer la protección de la población civil, garantizar la atención integral a las víctimas, reducir las brechas territoriales, reconocer el confinamiento como una prioridad de política pública y avanzar en la implementación de la paz. El llamado se le hace a los ministerios de Defensa y del Interior y a la Unidad para las Víctimas.
Igualmente, la entidad se suma al llamado del IDMC, que insta a fortalecer las acciones de prevención del desplazamiento forzado, tanto por conflicto armado como por desastres. Esto implica avanzar en la resolución de conflictos, reducir la pobreza e integrar la prevención del desplazamiento en las estrategias de gestión del riesgo de desastres, especialmente en países como Colombia, donde confluyen ambos fenómenos.
Finalmente, la Defensoría enfatiza en que la respuesta a esta crisis debe trascender la asistencia humanitaria y avanzar hacia soluciones duraderas que reduzcan las vulnerabilidades asociadas al desplazamiento. En tal sentido, resalta la importancia de implementar el CONPES 4180 de 2025 como instrumento clave para una respuesta integral, articulada y sostenible frente a la movilidad humana forzada en el territorio nacional.