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Fallo a favor de Colombia en caso Meritage: inversionista reclamaba $300 millones

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias falló a favor de Colombia en una disputa con el inversionista Ángel Samuel Seda, quien reclamaba más de $300 millones por un terreno incautado en un caso de narcotráfico. Es la primera vez que se aprueba la excepción de seguridad esencial.

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Fallo a favor de Colombia en caso Meritage: inversionista reclamaba $300 millones
Resumen con IA

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias falló a favor de Colombia en una disputa con el inversionista Ángel Samuel Seda, quien reclamaba más de $300 millones por un terreno incautado en un caso de narcotráfico. Es la primera vez que se aprueba la excepción de seguridad esencial.

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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló a favor de Colombia en una disputa internacional presentada por el inversionista Ángel Samuel Seda, socio del proyecto Meritage. Seda, quien reclamaba más de 300 millones de dólares, vio finalmente resuelto el caso con Colombia como ganadora.

Según información de RTVC Noticias, el proyecto Meritage involucra a Seda y un grupo de socios que adquirieron terrenos cerca del peaje de la vía Las Palmas en Envigado. Inicialmente, el empresario contó con evaluaciones técnicas de firmas prestigiosas que indicaban que los terrenos no presentaban problemas.

En 2016, la fiscalía general de la Nación inició un proceso de extinción de dominio sobre 55 hectáreas de estos terrenos, alegando que en realidad pertenecían a Iván López, un presunto miembro de la Oficina de Envigado. López, quien fue extraditado, afirmó posteriormente que había sido despojado de las tierras por ese grupo ilegal.

Por su parte, Jhon Jairo Camargo, director de la Agencia Jurídica del Estado, explicó que el caso involucra "a un inversionista extranjero que demanda al Estado, a pesar de que su inversión incluye fondos provenientes del narcotráfico".

Camargo también destacó que este fallo es histórico, ya que es la primera vez que un país logra probar la excepción de seguridad esencial. Esto significa que "los poderes regulatorios, como los de la Policía, de un país son legítimos cuando se trata de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado".