Colombia: un país donde emprender se castiga

En Colombia se ha instalado una narrativa: que los negocios que cierran lo hacen por mala administración, por falta de adaptación o por incapacidad para competir.

Esta explicación desvía la atención de una realidad más profunda: el país opera bajo un ecosistema institucional que castiga al empresario formal y debilita sistemáticamente la productividad. El problema no es solo la inflación, el salario mínimo o las tasas de interés. El verdadero drama es estructural. El primer obstáculo es la inestabilidad normativa. En menos de una década, Colombia ha tenido múltiples reformas tributarias, cambios laborales y modificaciones regulatorias sin transición ni planeación real. Esto destruye cualquier proyección financiera. Ningún empresario puede planear inversiones a mediano plazo cuando no sabe cuánto deberá pagar mañana o qué regla será modificada la próxima semana.

A esta incertidumbre se suma una tramitología excesiva que asfixia. Un pequeño negocio debe responder simultáneamente ante la DIAN, la Cámara de Comercio, la UGPP, el Ministerio de Trabajo, las ARL, las secretarías municipales, las superintendencias y, en muchos casos, autoridades ambientales o sanitarias. Cada entidad exige reportes, formularios, renovaciones y pagos. Este laberinto burocrático no genera valor, pero sí consume tiempo, dinero y energía productiva. El sistema tributario, además de complejo, es profundamente regresivo. Las grandes empresas cuentan con equipos legales y beneficios que les permiten optimizar su carga fiscal. Las pequeñas, en cambio, enfrentan un sistema confuso, sancionatorio y poco pedagógico.

Muchas quiebran no por deber millones, sino por errores formales, intereses y multas acumuladas. El mensaje es claro: formalizarse es un riesgo. El crédito tampoco cumple su función productiva. El sistema financiero colombiano privilegia el consumo sobre la inversión. Tarjetas y créditos personales fluyen, pero el empresario enfrenta tasas altas, exigencias desproporcionadas y una falta casi total de acompañamiento. Sin capital de trabajo, cualquier contingencia se convierte en una amenaza letal. Así, la banca se convierte en un obstáculo en lugar de ser un aliado del desarrollo. Mientras tanto, la informalidad crece sin control.

Más de la mitad de la economía opera fuera de la legalidad, sin impuestos, sin seguridad social y sin cumplir normas. Esto no es solo un problema social, sino una distorsión del mercado. El empresario formal compite en desventaja estructural contra quien no asume ningún costo regulatorio.

El Estado persigue al que cumple, pero tolera al que evade. A este escenario se suma una productividad sistémica baja. La infraestructura es deficiente, la logística es costosa, el transporte es ineficiente y la tecnología avanza más rápido que las capacidades locales. La educación técnica no responde a las necesidades reales del mercado, y las regiones carecen de articulación entre empresa, academia y Estado. Todo esto encarece producir y limita crecer.

La corrupción y la captura institucional agravan el panorama. Muchos permisos, contratos y oportunidades dependen más de relaciones políticas que de mérito. El empresario independiente queda excluido de un sistema que favorece a quienes saben moverse en redes de poder. La competencia deja de ser económica y se convierte en un juego de influencias. Finalmente, cuando un negocio entra en crisis, no encuentra protección. Los procesos de reorganización son lentos, costosos y poco efectivos. Los bancos no renegocian, el Estado no acompaña y la presión fiscal continúa.

En Colombia es más fácil cerrar que recuperarse. El resultado es evidente: no es un problema de empresarios incapaces, sino de un modelo que castiga al que produce. Si el país quiere crecer, debe dejar de ver al empresario como sospechoso y empezar a tratarlo como aliado. De lo contrario, seguiremos cerrando puertas donde deberíamos estar construyendo futuro.

*Diego Sáenz Reyes