Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Después de una larga batalla legal, Colombia ha salido triunfante en un caso que enfrentaba a la nación sudamericana con la multinacional minera Montauk, anteriormente conocida como Galway. La disputa se originó tras la decisión del gobierno colombiano de prohibir la actividad minera en el páramo de Santurbán, donde la empresa tenía operaciones de extracción de minerales.
El director interino de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Jhon Camargo, expresó su satisfacción por el resultado del arbitraje llevado a cabo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Según Camargo, Colombia prevaleció de manera contundente en el proceso, que había sido liderado por él en la fase final.
El CIADI, un tribunal internacional encargado de resolver disputas de inversión entre empresas y países, rechazó las pretensiones de Montauk, que había invocado una supuesta violación al tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá. La decisión del tribunal resalta la validez de las medidas regulatorias implementadas por Colombia en 2014, cuando el Ministerio de Ambiente nacional definió los límites del páramo de Santurbán y prohibió la minería en la zona.
Este fallo se suma a otra decisión reciente del CIADI, en la que también se negaron las pretensiones de la minera canadiense Red Eagle, que reclamaba una indemnización de US$130 millones de dólares por la misma prohibición de minería en Santurbán.
Según Camargo, el tribunal arbitral determinó que Colombia no violó el tratado bilateral con Canadá al prohibir la minería en los páramos, ya que estas medidas se consideran regulaciones legítimas implementadas sin discriminación.
El páramo de Santurbán, una región natural de gran importancia ecológica, es hogar de una diversidad de fauna y es crucial para el suministro de agua en la región de Santander.
Aunque Colombia ha celebrado esta victoria legal, el CIADI emitió una decisión agridulce el año pasado, condenando a la nación a resarcir a la empresa minera EcoOro por la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán. EcoOro, que había invertido hasta US$250 millones en la región desde 1994, se vio obligada a abandonar el proyecto Angostura debido a las restricciones impuestas por el gobierno colombiano.
