Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Juan Pablo Granados es un médico colombiano que sufre un cáncer complicado y recientemente hizo público que tanto su EPS como la clínica a la que asiste lo tienen al borde de la muerte debido a que no le garantizan los tratamientos que necesita para no agravar su condición médica.
EN concreto, la denuncia la efectúa contra la Clínica de Los Cobos y la EPS Compensar.
“Cuando uno lo ha perdido todo ya no le tiene miedo a nada. Me di cuenta de que las medidas legales no sirvieron, pasaban los días, no tuve ningún tipo de respuesta y pensé, si lo peor que le puede pasar a un ser humano es la muerte y a eso me están llevando, ¿qué puedo perder? Seguramente llegué a mi límite”, le dijo el médico a la W Radio.
En este contexto, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se pronunció sobre la grave crisis humanitaria que viven millones de pacientes del sistema de alud colombiano.
“La situación que enfrentan los pacientes del sistema de salud es crítica. Estamos ante una crisis marcada por una insuficiencia financiera y operativa que afecta directamente el acceso y la calidad de los servicios de salud. Es aterradora la forma como el Gobierno nacional está enfrentando esta situación”, señaló la Procuradora.
A diferencia de lo que muchos podrían haber argumentado, la problemática no recae únicamente en las EPS o IPS. Según la Procuradora, los principales afectados son los pacientes, quienes, a pesar de ser los más importantes en la cadena del sistema, son los más afectados.
En relación con los retos del sistema, la Procuradora puso como ejemplo la alarmante escasez y desabastecimiento de medicamentos, que se agravó desde 2022. “La UPC insuficiente y el no pago de los presupuestos máximos tuvieron un impacto directo en los procesos de contratación, adquisición y provisión de medicamentos”.
La Procuradora enfatizó que esta crisis intensificó las barreras de acceso a medicamentos fundamentales para tratar enfermedades catastróficas como el cáncer, el VIH, enfermedades huérfanas y algunas enfermedades crónicas. A pesar de la urgencia, señaló que el Ministerio de Salud y el Invima, como entes responsables de la política farmacéutica, no han desplegado las acciones necesarias para superar esta problemática.
Desde la Procuraduría General de la Nación, se adelantan investigaciones para determinar responsabilidades y exigir soluciones inmediatas que priorizaran el bienestar de los pacientes.
“Es inaceptable que las condiciones del sistema de salud condenaran a los más vulnerables a seguir esperando. No es un problema que se pudiera postergar. Estamos hablando de vidas humanas, de personas que necesitaban respuestas en ese momento”, concluyó la jefe del Ministerio Público.
