Comienza la vigencia de la Ley de Garantías Electorales: el freno legal al uso político de los recursos del Estado

La Ley de Garantías Electorales no solo limita la contratación pública durante los meses previos a las elecciones, sino que constituye un mecanismo de equilibrio democrático. Su vigencia recuerda a funcionarios y ciudadanos que el poder público no puede ponerse al servicio de intereses electorales. El desafío, como siempre, estará en su cumplimiento real y en la capacidad de control de los organismos de vigilancia, para que esta herramienta no se convierta, como muchos temen, en un formalismo más dentro del calendario electoral.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Desde este viernes 8 de noviembre entró en vigor en todo el territorio nacional la Ley de Garantías Electorales, una normativa que busca impedir que los recursos del Estado sean utilizados para influir en los procesos políticos y electorales que culminarán con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

La medida, contemplada en la Ley 996 de 2005, permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2026, es decir, durante los cuatro meses previos a los comicios, y establece un conjunto de restricciones sobre contratación estatal, manejo de nómina, uso de bienes públicos y participación de funcionarios en política.

Su propósito, según el espíritu de la ley, es sencillo pero crucial: garantizar que ningún funcionario o entidad estatal utilice el aparato público para favorecer candidatos o partidos, manteniendo la igualdad de condiciones en la contienda democrática.

Proteger transparencia electoral

La Ley de Garantías nació en 2005 durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en un contexto donde la reelección presidencial y la polarización política exigían asegurar reglas claras de juego. Desde entonces, cada ciclo electoral ha puesto a prueba su aplicación.

El artículo 33 y el parágrafo del artículo 38 de esta ley establecen que todas las entidades estatales, sin importar su nivel o naturaleza jurídica, deben abstenerse de realizar ciertas acciones durante el periodo electoral. Esto incluye a ministerios, alcaldías, gobernaciones, universidades públicas, hospitales, empresas industriales y comerciales del Estado y cualquier organismo que administre recursos públicos.

El objetivo es evitar “interferencias indebidas” en la contienda y frenar la posible desviación de fondos hacia campañas políticas, práctica que históricamente ha contaminado la contratación pública en Colombia.

Las principales restricciones

A partir de este 8 de noviembre, entran en vigor dos grandes limitaciones:

Prohibición de convenios interadministrativos con ejecución de recursos públicos.

Ninguna entidad podrá suscribir convenios entre instituciones del Estado que impliquen transferencias presupuestales, con el fin de prevenir ventajas políticas o la canalización de recursos hacia intereses electorales.

Suspensión de la contratación directa. Desde el 31 de enero de 2026, quedará restringida la firma de contratos por contratación directa —una de las figuras más cuestionadas en la administración pública por su opacidad—, salvo en circunstancias excepcionales.

Adicionalmente, la norma prohíbe los nombramientos, traslados, suspensiones o remociones de funcionarios públicos, excepto en casos expresamente autorizados, como vacancias definitivas o razones disciplinarias.

También se restringe la inauguración de obras públicas cuando en dichos actos participen candidatos, voceros de campañas o funcionarios que manifiesten apoyo a aspirantes, para evitar que la gestión estatal se confunda con propaganda política.

Excepciones: lo que sí se puede hacer

Pese a las restricciones, la Ley de Garantías no paraliza por completo la administración pública. Existen excepciones específicas que permiten garantizar la continuidad del Estado y atender situaciones urgentes. Durante la vigencia de la ley, sí está permitido:

Adelantar procesos de licitación pública, concursos de méritos, selección abreviada y mínima cuantía.

Prorrogar, adicionar, modificar o ceder contratos firmados antes del inicio de las restricciones.

Celebrar convenios interadministrativos a título gratuito, es decir, sin transferencia de recursos.

Firmar contratos relacionados con la defensa y seguridad del Estado, crédito público, emergencias sanitarias, educativas o desastres naturales.

Ejecutar obras urgentes de infraestructura vial, energética o de comunicaciones afectadas por atentados, desastres naturales o fuerza mayor.

Suscribir contratos directos con organismos de cooperación internacional o de derecho público extranjero, según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.

Estas excepciones buscan equilibrar el funcionamiento del Estado con las exigencias de la transparencia electoral.

Circular de orientación

para las entidades públicas

Con el inicio del periodo de restricciones, el director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla, anunció la publicación de la Circular Externa 006 de 2025, documento que detalla los lineamientos de aplicación, las excepciones y las fechas clave de la ley.

“La expedición de esta circular responde a la necesidad de brindar claridad a las entidades públicas y a los ciudadanos sobre cómo aplicar la Ley de Garantías. Queremos asegurar que la contratación estatal se mantenga transparente y libre de influencias políticas durante el proceso electoral”, explicó Padilla.

El documento también orienta a los funcionarios sobre cómo registrar la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y cómo evitar prácticas que puedan ser interpretadas como favorecimiento político.

Lo que no se puede hacer

Durante la vigencia de la ley, queda terminantemente prohibido:

Celebrar contratos directos sin convocatoria pública (desde el 31 de enero).

Firmar convenios interadministrativos con ejecución de recursos públicos (desde el 8 de noviembre).

Usar bienes, recursos o personal del Estado para apoyar campañas o candidatos.

Modificar la nómina estatal mediante nombramientos o traslados injustificados.

Participar en actos de campaña o inauguraciones por parte de funcionarios públicos.

El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones disciplinarias, fiscales y penales, según la gravedad del caso y la entidad involucrada.

Una norma en constante debate político

Aunque la ley se aplica cada cuatro años, su vigencia siempre genera controversia. Sectores políticos, especialmente desde los gobiernos locales, argumentan que la norma “paraliza la gestión pública” al impedir la firma de contratos y convenios esenciales para la ejecución de obras y programas sociales.

Por otro lado, organizaciones civiles y analistas defienden su permanencia, al considerarla una de las pocas herramientas efectivas para evitar el clientelismo electoral y el uso de la burocracia con fines proselitistas.

En esta ocasión, el debate se ha reavivado por las denuncias de presuntas irregularidades en la contratación territorial y por el ambiente político polarizado que antecede las elecciones de 2026.