Esta semana se radicó en el Congreso un proyecto de ley creará una comisión de la verdad que le permita a las víctimas de abuso sexual en contextos clericales y religiosos tener verdad, justicia y reparación. “Este proyecto no es contra la religión, sino contra los abusos y el silencio”, indicó a EL FRENTE la autora del Proyecto de ley, quien fue enfática en que ninguna convicción política ni religiosa puede estar por encima de la defensa de los niños y niñas de Colombia.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El Congreso de la República podría convertirse en escenario de un debate histórico en los próximos meses. La representante a la Cámara por Santander, Érika Tatiana Sánchez, radicó en la Secretaría de la corporación un proyecto de ley que busca crear una Comisión de la Verdad sobre abusos sexuales cometidos en comunidades religiosas.

La iniciativa, inédita en el país, propone abrir los archivos de iglesias y congregaciones para esclarecer décadas de violencias silenciadas.

Sánchez, integrante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, asegura que su propuesta nace de una convicción de más de veinte años trabajando por los derechos de la niñez. “Desde el primer día que llegué al Congreso prometí poner a la niñez de moda, pero no de la manera en que hoy lamentablemente está: como víctimas de reclutamiento, explotación sexual, extorsión y homicidios”, señaló en entrevista con EL FRENTE la parlamentaria santandereana, quien insistió que se trata de una discusión que tiene una naturaleza no basada en lo religioso o en lo político, sino en los derechos humanos “Aquí no se trata de atacar la fe, se trata de proteger a los niños. La fe no puede ser instrumentalizada para actos aberrantes”.

Hay un subregistro de víctimas

Según la congresista santandereana, el proyecto de ley nació del trabajo conjunto con la Red Nacional de Sobrevivientes de Abuso Sexual Clerical, integrada por víctimas de sacerdotes, pastores y líderes espirituales de diversas denominaciones, bien sean católicas, evangélicas, cristianas y otras.

Esta organización ha denunciado la dificultad histórica para acceder a la justicia por una triple barrera:

·         Falta de acceso a la información: las iglesias no entregan registros de casos ni de clérigos denunciados.

·         Subregistro crónico: de los hechos solo se conoce un 10 % oficialmente.

·         Silenciamiento histórico: muchas víctimas, por miedo o falta de acompañamiento, nunca denunciaron.

La propia congresista Sánchez reconoce que “hoy solo en Colombia se tienen identificados 650 casos, pero se presume con altísimas pretensiones de validez que esto representa apenas el 10 %. Estaríamos hablando de al menos 6.500 víctimas en Colombia, y probablemente más”.

Un muro de silencio

La dificultad para acceder a datos ha sido reconocida por organismos de control. Incluso, fue necesaria una sentencia de la Corte Constitucional, la T-184 de 2023, que ordenó a las iglesias entregar registros de abusos a la Fiscalía y a la justicia colombiana.

No obstante, las resistencias persisten. Según la representante, “la iglesia no permite el acceso a la información, no suministra datos de cuántos casos de abuso existen ni quiénes son los sacerdotes o líderes implicados. Y esto no es exclusivo de la iglesia católica, ocurre en todas las denominaciones religiosas”.

El proyecto propone la creación de una Comisión de la Verdad para víctimas de abuso sexual en contextos religiosos, adscrita a la Defensoría del Pueblo y articulada con el ICBF, la Fiscalía y los ministerios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Tendrá una vigencia inicial de cinco años y tres objetivos centrales: Recopilar información oficial y no oficial sobre casos de abuso, Acceder a archivos reservados de comunidades religiosas, y entregar informes periódicos y remitir a la Fiscalía casos para judicialización.

Además, la ley busca establecer protocolos de prevención y atención, elaborados por el ICBF y los ministerios, para sensibilizar a familias y comunidades sobre la realidad del abuso sexual clerical.

RECUADRO

Las estadísticas revelan

la magnitud del problema:

En Colombia se practican 17.000 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual en menores de 17 años cada año.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, existe un subregistro enorme, pues muchas familias no denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza en la justicia.

Según la Red de Sobrevivientes, en el país habría más de 7.000 víctimas de abusos cometidos por líderes religiosos desde la década de 1970.

Los impactos van más allá de lo judicial. El abuso sexual infantil es uno de los factores más asociados a ideación suicida y cuadros depresivos graves en adolescentes y adultos sobrevivientes.

El ambiente en el Congreso

El proyecto, que podría generar resistencias en sectores conservadores, ha comenzado a sumar apoyos inesperados. Sánchez relata que congresistas del Partido Conservador y del movimiento Mira le expresaron su respaldo, bajo la premisa de que “la fe no puede ser un escudo para encubrir a violadores”.

La representante confía en que la iniciativa tenga trámite favorable: “Cuando trabajamos la Comisión Legal para la Niñez, logramos votación unánime. Ningún congresista se atreve a oponerse públicamente a la defensa de la infancia”.

La propuesta no surge en el vacío. En países como España, Francia, Irlanda y Estados Unidos se han destapado escándalos masivos de abuso sexual clerical, acompañados de informes oficiales que han sacudido a las instituciones religiosas y obligado a reformas profundas.

Colombia, sin embargo, carece de un diagnóstico oficial integral. El proyecto de Sánchez busca llenar ese vacío, dando voz y dignidad a miles de víctimas que llevan décadas en silencio.

“Nuestros niños no son el futuro: son el presente de Colombia, y tenemos que cuidarlos. No podemos permitir que se siga utilizando el nombre de Dios para cometer atrocidades”, concluye la representante.