Con bloqueos viales comunidad de Soto Norte impide estudios del gobierno nacional a los suelos

Centenares de pequeños y medianos mineros tradicionales y habitantes de los municipios de Matanza, Suratá, California y Vetas bloquearon este martes las vías de acceso a sus cabeceras y puntos rurales para impedir, según denunciaron, el ingreso de equipos técnicos a predios particulares con la aparente intención de tomar muestras de suelos, agua y sedimentos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Los manifestantes sostienen que esos muestreos, que atribuyen a entidades técnicas del Estado, buscan “generar pruebas” que permitan justificar la prohibición de la minería tradicional en la zona.

Voceros de las juntas comunales y pequeñas organizaciones mineras locales insisten en que en los municipios afectados al menos 4.000 familias dependen de la minería artesanal.

“Sin socializar con la gente y pese al rechazo de las comunidades y autoridades locales, un equipo ingresó hoy a esas regiones a ingresar a los predios de la gente a tomar muestras…”, dijo a EL FRENTE una lideresa del municipio de California.

En los mensajes y en la protesta los pobladores mezclaron con frecuencia referencias al  Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el reclamo público se orientó especialmente contra el director general del SGC, Julio Fierro Morales, a quien dirigentes describen como un “directivo con vocación antiminera” y a quien culpan de ordenar el ingreso de equipos a predios rurales.

Los manifestantes instalaron barricadas con material de obra y palos; en varios puntos impidieron la circulación de vehículos y exigieron a alcaldías y personerías municipales la intervención para intervenir en la situación.

Atropellos históricos

La reciente llegada de los equipos de analistas del Servicio Geológico Colombiano se suma al copioso inconformismo de la población de la zona con decisiones recientes del gobierno nacional, inconformismo que se atizó desde la declaratoria de una Zona de Reserva Temporal (ZRT) en el macizo de Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente (Resolución 0221 de 3 de marzo de 2025).

La ZRT suspendió temporalmente la posibilidad de otorgar nuevas concesiones y permisos ambientales en un área amplia del macizo, una medida que el Gobierno presenta como necesaria para proteger fuentes hídricas estratégicas, y que las comunidades y líderes mineros acusan de haberse adoptado sin procesos adecuados de participación. Esa fractura entre regulación ambiental y economía local es la raíz de la conflictividad actual.

Precisamente, en la IV Mesa Técnica de la Comisión Accidental Minera de la Cámara de Representantes, instalada en Bucaramanga el 16 de septiembre de 2025, alcaldes, congresistas y líderes mineros escalonaron sus quejas: denunciaron inseguridad jurídica, “persecución” por parte del Estado y exigieron que la nueva Ley Minera sea concertada con las comunidades.

Figuras locales como la alcaldesa de Vetas, Angélica García, y el representante a la Cámara por Santander Óscar Villamizar han pedido mayor diálogo y garantías para la formalización minera. Esa agenda política explica por qué la simple presencia de equipos técnicos en la región se interpreta como un avance de medidas restrictivas.

“Las comunidades merecen que se les escuche y se construyan soluciones técnicas y viables, no imposiciones que ponen en riesgo la economía y el futuro de nuestras familias”, indicó la mandataria del municipio de vetas, voz a la que se sumó Fabio Maldonado (director de Consotonorte), quien advirtió sobre el riesgo de que las restricciones, sin participación de la comunidad, pueden terminar favoreciendo la informalidad y la presencia de grupos armados que se apropien de minas.

Los líderes mineros y las autoridades municipales calculan que la declaratoria de la ZRT y las decisiones regulatorias han puesto en riesgo a decenas de miles de personas que dependen de la minería y sus cadenas productivas en Santander. Diferentes fuentes locales movilizaron cifras que van desde 4.000 familias en los municipios directamente implicados hasta estimaciones más amplias de 25.000 a 35.000 personas en toda la provincia y áreas aledañas que podrían verse afectadas por cambios en el ordenamiento territorial y en la política de licencias. Estas magnitudes son recurrentes en los debates de la región y fueron un elemento central en la mesa técnica del Congreso.