Con comentarios ofensivos finalizó fallida conciliación entre Carlos Parra y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas

Los señalamientos de Carlos Parra y Daniovis Lozano en contra del exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, por supuestamente haber beneficiado con un contrato a dedo a una empresa de la hija de Martín Tavera provocaron una acción penal en contra de los corporados. Esta semana, dos años después de las denuncias mutuas, el proceso llegó a una fallida audiencia de conciliación que terminó con comentarios displicentes por parte del exmandatario bumangués.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Hace cerca 25 meses, para inicios del mes de junio de 2023, la Sección Política de EL FRENTE denunció una serie de movimientos en la Alcaldía de Bucaramanga, para entonces a cargo del hoy exalcalde Juan Carlos Cárdenas, que tenían como objetivo firmar por contratación directa una serie de contratos en el marco de una declaratoria de calamidad pública, la cual fue altamente cuestionada, incluso por los entes de control.

Los principales autores de los señalamientos fueron el hoy diputado Daniovis Lozano y el concejal Carlos Parra, quienes sostuvieron hasta el cansancio que la firma de estos contratos, por un valor de 81 mil 400 millones de pesos, era altamente perjudicial para el erario público porque principalmente se estaban entregando a dedo, sin las garantías que podía ofrecer la normatividad vigente para evitar la pérdida de los recursos.

Uno de los contratos más cuestionados de todo el paquete de obras fue la canalización de la Quebrada la Iglesia, cuyo desbordamiento en temporada de lluvias había dejado muchos damnificados en el barrio San Martín, sobre la Comuna Nueve de Bucaramanga, obra que tuvo un costo inicial de 40 mil millones de pesos, desafortunadamente con un plazo de entrega hoy superado por más de 12 meses.

Entonces, en sus señalamientos, el concejal Carlos Parra enfatizó en un aspecto muy puntual que se sumó a los ya consabidos riesgos de contratar de manera directa cantidades ingentes de dinero, y tenía que ver con la supuesta intención de beneficiar a un familiar de Martín Tavera, y su hermano, el exgobernador Dídier Tavera, con la entrega del contrato de las obras de mitigación para la Quebrada La Iglesia.

Dicho beneficio para la familia Tavera se habría concretado por intermedio de la empresa Ingeniería y Comunicaciones, la cual tenía como representante legal para la firma del contrato a la hija del señor Martín Tavera.

En el marco de los graves señalamientos, Juan Carlos Cárdenas, reaccionó entablando denuncias penales contra los corporados Parra y Lozano y dos años después la acción judicial alcanzó una de sus etapas iniciales. Se trata de la primera, y tal vez única audiencia de conciliación, la cual fue citada para este miércoles en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Las partes asistieron puntuales, incluso, el exalcalde Bumangués. Sin embargo, minutos después de iniciada la diligencia fracasó sin que se pudiera avanzar en mas allá que la simple presentación del caso y las partes.

¿La razón? El exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas se manifestó ofendido y contrariado por los señalamientos efectuados por Parra y Lozano, al evidenciarlo como facilitador de un supuesto caso de corrupción, al haber entregado a dedo el contrato a la Unión Temporal de la que forma parte la dama de apellido Tavera.

Incluso, molesto por el férreo control político que Parra desempeñó en contra de su gobierno, Cárdenas habría soltado varías perlas en plena diligencia, las cuales perseguían, más que conciliar, ofender.

Una de ellas ocurrió cuando el exmandatario bumangués se refirió en tono displicente a un emprendimiento del concejal Carlos Parra, que ha tomado fuerza en los últimos meses. Se trata de una receta de galletas que se ha hecho popular, a base de hormigas culonas.

“Usted mejor dedíquese a vender galletas”, indicó Cárdenas, para luego levantarse de la mesa y abandonar el recinto en una negativa clara de no conciliar y continuar el proceso en los tribunales contra el concejal Parra y el diputado Lozano.

“Fue una diligencia de conciliación en el marco de una denuncia por los delitos de injuria y calumnia en contra del hoy diputado Daniel Lozano y mi persona debido a una serie de denuncias que nosotros realizamos en su momento por un proceso de contratación en el que nosotros evidenciamos amarres a la hora de firmar el contrato de la canalización de la Quebrada La Iglesia, donde dejamos claros que una de las empresas que terminó beneficiada con el contrato directo fue una de las hijas de Martín Tavera, en su momento nosotros presentamos todo el material probatorio,, soportado en documentos, que evidenciaron que efectivamente esto fue un amarre, hoy desafortunadamente vemos que la obra no se ha entregado, cuenta con año y medio de retrasos y es la muestra exacta de que lo que nosotros en ese momento hicimos fue advertirle a la comunidad. Hoy casi dos años después el tiempo nos da la razón”, indicó a EL FRENTE el Concejal Parra quien aseguró que se mantiene tranquilo frente a las etapas procesales que se avecinan pues cuentan con todo el acervo probatorio para sustentar sus señalamientos.

“Usted mejor dedíquese a vender galletas”, me dijo Cárdenas en un tono ofensivo. Yo le agradezco en todo caso el reconocimiento de la marca y le recomiendo que cuando pase por uno de mis puntos de venta me haga la comprita”, puntualizó Parra para referirse al episodio.

Contratos en la mira de los entes de control

La contratación de obras para mitigar los efectos de las lluvias en Bucaramanga despertó fuertes críticas por parte de veedurías ciudadanas y al punto que hay vigente una indagación por parte de la Procuraduría General de la Nación, debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por más de $120 mil millones.

Una de las voces más críticas fue la de Marcela Pabón, entonces directora del Comité de Transparencia por Santander, quien denunció que la administración municipal ha hecho para la época de la firma de los contratos caso omiso a los cuestionamientos relacionados con la forma en que se están ejecutando las contrataciones para obras en zonas de alto riesgo por deslizamientos e inundaciones.

“El foco de las críticas radica en que, pese a tratarse de proyectos de gran envergadura y altos costos, se acude al argumento de calamidad pública para adjudicar contratos de manera directa, sin convocatorias abiertas que permitan una comparación objetiva de propuestas”, escribió Pabón en su columna de opinión publicada en la prensa regional.

A esta preocupación se suma la denuncia realizada por la gerencia de Empas S.A., la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, que indicó que la Alcaldía utilizó un estudio técnico elaborado por esa entidad sin solicitar autorización para ello. Este informe, ordenado por un juez como resultado de una acción popular interpuesta por residentes de la comuna 9 tras las emergencias de 2015, fue aparentemente empleado como base para las contrataciones actuales.

Ante las denuncias presentadas, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación contra funcionarios por establecer de la Alcaldía de Bucaramanga para la administración de Juan Carlos Cárdenas.

El Ministerio Público revisa si los estudios utilizados para justificar el contrato son actualizados o si corresponden a evaluaciones técnicas de años anteriores, lo que comprometería la validez del proceso. Asimismo, se indaga si los permisos y aprobaciones requeridos para utilizar dichos estudios fueron efectivamente tramitados.