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Con recompensas por delatar migrantes, Trump acentúa el racismo en EE.UU.

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Resumen

Bajo la administración Trump, se proponen recompensas en EE.UU. por delatar a migrantes indocumentados, exacerbando la tensión y controversia en torno a la inmigración y aumentando las medidas antiinmigrantes en varios estados republicanos.

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Las medidas antiinmigrante del presidente Donald Trump continúan con nuevas propuestas legislativas en estados republicanos que buscan recompensar a ciudadanos por denunciar a inmigrantes indocumentados.

El senador republicano David Gregory presentó a finales del año pasado el proyecto de ley SB72, que propone una recompensa de 1.000 dólares a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de un inmigrante indocumentado.

La propuesta va más allá, contemplando la creación de un "Programa de cazarrecompensas certificado para extranjeros ilegales", que permitiría a las personas a buscar y detener a migrantes sin documentos.

En Misisipi, el representante republicano Justin Keen presentó una iniciativa similar, pero fue frenada en el comité legislativo. Este justificó su propuesta alegando la necesidad de "mantener seguras a las comunidades de Misisipi" y alinearse con la agenda de Trump.

Entre 2019 y 2023, la población de migrantes no autorizados en EE.UU. aumentó en tres millones, alcanzando los 13,7 millones en 2023, según el Instituto de Política Migratoria (MPI).

Una encuesta elaborada por New York Times e Ipsos reveló que el 55% de los votantes apoya firmemente o parcialmente los planes de deportaciones masivas del presidente. Además, un 63% está de acuerdo con expulsar a quienes ingresaron ilegalmente en los últimos cuatro años, y 88% respalda la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

El impacto de estas políticas ya se ha hecho sentir en estados como Misisipi, donde en agosto de 2019 se llevaron a cabo algunas de las mayores redadas en lugares de trabajo durante el primer mandato de Trump.

Agentes de ICE arrestaron a casi 700 personas en plantas procesadoras de pollo, en una operación que el Centro Nacional de Justicia para Migrantes calificó como "emblemática de la política de inmigración punitiva, inhumana, de represalia y de motivación racial de la Administración Trump".

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