Con regaño incluido, condenan a la Nación por negligencia en la prevención de la siembra de minas antipersona por parte de las Farc

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por las lesiones físicas sufridas por un soldado profesional debido a la activación de una mina antipersonal instalada por las FARC en el municipio de Tierralta (Córdoba).

En su sentencia, el Consejo de Estado conminó al Estado a que, una vez pague la condena, repita contra esa “organización o sujeto colectivo de facto susceptible de soportar reproche jurídico por actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH, y/o contra el fondo constituido por el Gobierno Nacional para esos efectos en el marco de las obligaciones adquiridas por las FARC en el punto No. 5 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

La Sala determinó que, además de la omisión en que incurrió el Ejército Nacional, pues los mandos de la operación no adoptaron medidas de prevención y precaución adecuadas y necesarias para el ingreso a un campo histórico en el que días antes otro uniformado resultó herido-, confluyó el ilícito internacional cometido por las FARC, en tanto la siembra e instalación de minas antipersona como mecanismo de guerra, es considerada una grave afrenta al DIH.

Asimismo, la Subsección C de la Sección Tercera estableció que, aunque las FARC no fueron demandadas ni vinculadas al proceso, de acuerdo con el artículo 2344 del Código Civil, la sentencia afecta a todos los involucrados en la causación del daño, por lo que el Ejército Nacional tiene la potestad de repetir en contra de estos, por las sumas de dinero desembolsadas por la condena impuesta.