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Concejala abre varias ‘ollas putrefactas’ en Piedecuesta

La concejala Sandra Johanna Duarte denunció presuntas irregularidades en nombramientos de la Alcaldía de Piedecuesta, tras señalar posibles inhabilidades en dos funcionarias.

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Control político a la administración municipal

La concejala Sandra Johanna Duarte Becerra (foto), electa por el Centro Democrático, puso bajo presión a la Alcaldía de Piedecuesta tras revelar dos posibles irregularidades, por nombramiento de funcionarios, que hoy comprometen a la administración municipal.

Sus denuncias, sustentadas en hechos que ya tuvieron consecuencias políticas, abrieron un frente de control sobre el manejo de cargos públicos en el gobierno de Óscar Santos Galvis.

La primera alerta recayó sobre Olga Lucía Gutiérrez Almeyda, quien hasta marzo se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social. Duarte señaló que la funcionaria habría ejercido ese cargo pese a una sentencia e inhabilidad vigentes, incluso con pronunciamiento de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.

El señalamiento encendió las alarmas sobre los filtros jurídicos y administrativos aplicados en la Alcaldía. Poco después surgió un segundo caso. Magda Lizzeth Rodríguez López, secretaria de Salud hasta el martes pasado, presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por una inhabilidad para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos, vigente desde febrero.

Un debate de fondo

Además, aparece reportada por la Contraloría General de la Nación desde diciembre por un hallazgo de 623 millones de pesos relacionado con la Alcaldía de El Playón.

Ante este escenario, la concejala citó a debate de control político a varios funcionarios de la administración. Entre los llamados están la Secretaría General, la Oficina Jurídica y la Oficina de Contratación, dependencias que deberán explicar cómo se nombraron y mantuvieron en el cargo personas con presuntos impedimentos legales.

El caso ya instaló un debate de fondo en el  municipio de Piedecuesta que hora está en la tarea de revisar los antecedentes, cómo se blindan las designaciones y qué responsabilidad asume cada despacho cuando surgen dudas sobre la legalidad de un nombramiento.