Concesionaria denuncia ataque sin precedentes contra la Troncal del Magdalena 2
Un atentado sin precedentes sacude la infraestructura vial del país. En la madrugada de este lunes 26 de mayo, un grupo armado irrumpe violentamente en la Unidad Industrial de la Concesión Autopista del Río Grande, ubicada en el municipio de Pelaya, Cesar, y destruye maquinaria clave para la ejecución del proyecto Troncal del Magdalena 2, una de las obras más estratégicas para la conectividad y el desarrollo económico nacional.
Según el informe emitido por la concesionaria, el ataque ocurre hacia las 2:40 a. m. cuando los agresores ingresan a la fuerza a las instalaciones, incendian y destruyen más de 33 equipos de maquinaria y vehículos esenciales para la construcción de la vía. Entre los elementos afectados se encuentran mezcladoras de concreto, excavadoras, vibrocompactadores, camabajas, dobletroques, carros tanque, cargadores, piloteadoras, trituradoras y vehículos utilitarios.
Durante el ataque, dos miembros del personal de seguridad son retenidos y brutalmente agredidos por los delincuentes, en un acto que “pone en riesgo sus vidas y atenta contra la integridad del equipo humano que día a día trabaja por transformar la región”, señala el comunicado oficial.
La Concesión Autopista del Río Grande, conformada por KMA Construcciones y el Grupo Ortiz, condena enérgicamente este acto violento. “Este ataque no solo representa una agresión directa contra los bienes del proyecto. Es, sobre todo, una amenaza abierta al desarrollo de la región, a la estabilidad laboral de cientos de familias y a la institucionalidad misma”, advierten voceros de la entidad.
El proyecto Troncal del Magdalena 2 se enmarca dentro del contrato de concesión No. 003 de 2022 bajo el esquema de Asociación Público Privada, y abarca el corredor Sabana de Torres–Curumaní. La obra beneficia a comunidades de 15 municipios en tres departamentos e incluye, además, el diseño y construcción de 43 puentes vehiculares, 40 puentes peatonales, 6 intersecciones viales y 9 variantes que mejoran la seguridad vial y reducen los tiempos de viaje para los usuarios.
La concesionaria exige al Gobierno Nacional una presencia real y efectiva del Estado en el territorio, así como una respuesta inmediata, articulada y contundente frente a lo que califica como un crimen contra el progreso del país. “No puede haber infraestructura sin garantías de seguridad. No puede haber desarrollo sin presencia estatal. Y no puede haber silencio institucional frente a hechos que rayan con el terrorismo”, subrayan.
