Condenado por corrupción pero sentado en el Senado: la polémica presencia de Ciro Ramírez en el Congreso
Resumen
Ciro Ramírez asistió al Senado pese a su condena en primera instancia por corrupción, lo que generó indignación pública y cuestionamientos sobre la ética política y la permanencia de congresistas investigados.
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La presencia del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, en reciente plenaria del Senado encendió la indignación pública luego de que el congresista asistiera a la sesión legislativa pese a haber sido condenado en primera instancia a 23 años y ocho meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por su participación en uno de los mayores entramados de corrupción política recientes: el caso Marionetas 2.0.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Lejos de apartarse del cargo mientras avanza su proceso judicial, Ramírez optó por ocupar su curul como si nada hubiera ocurrido, amparado en que la sentencia aún no se encuentra en firme debido a la apelación presentada por su defensa. Su aparición en el Capitolio fue interpretada por numerosos sectores como una bofetada a la ética pública y una muestra más de la desconexión entre la clase política y el rechazo ciudadano frente a la corrupción.
El congresista defendió su asistencia argumentando que mantiene intacta la presunción de inocencia hasta que exista un fallo definitivo en segunda instancia. Según sostuvo, la decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema habría omitido más de 34 pruebas que, a su juicio, demostrarían su inocencia y obligarían a revocar la condena.
“Ratifico mi inocencia”, insistió el senador, asegurando además que la sentencia incurrió en tergiversación probatoria, errores de valoración y omisiones que, según él, invalidan la decisión judicial.
Sin embargo, el expediente judicial describe un panorama mucho más grave. La Corte concluyó que Ramírez fue coautor de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, tras determinar que habría liderado una estructura criminal dedicada al direccionamiento de contratos públicos y al desvío de recursos estatales mediante convenios amañados.
De acuerdo con la sentencia, el senador habría influido en la adjudicación de al menos 13 contratos de obra pública entre 2018 y 2022, por un valor cercano a los 90.000 millones de pesos, utilizando como vehículo la empresa Proyecta Quindío y una red de operadores políticos vinculados al entramado corrupto del fallecido senador Mario Castaño.
Uno de los testimonios clave fue el de Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, quien explicó ante la justicia cómo funcionaba el supuesto sistema de reparto de coimas, con comisiones equivalentes al 10% del valor de cada contrato direccionado.
El rifi-rafe
La escena de un congresista condenado por corrupción ocupando su asiento en el Senado mientras proclama su inocencia y arremete contra sus críticos no pasó desapercibida. El senador y candidato presidencial Iván Cepeda cuestionó duramente la legalidad y la legitimidad de su permanencia en el Legislativo, señalando que el país no puede normalizar que dirigentes condenados sigan ejerciendo poder político mientras apelan sus sentencias.
Ramírez respondió con tono desafiante, acusando a Cepeda de desconocer la Constitución y de pretender acabar con la presunción de inocencia, en un nuevo capítulo de confrontación política que desvió momentáneamente el foco de la discusión de fondo: cómo un dirigente hallado responsable de liderar una red de corrupción multimillonaria en primera instancia continúa legislando y tomando decisiones sobre el destino del país.
Aunque jurídicamente su presencia se sustenta en que la condena aún no está ejecutoriada, políticamente el episodio dejó una imagen devastadora para la institucionalidad: la de un Senado donde incluso una condena por corrupción no basta, al menos de momento, para apartar del poder a uno de sus integrantes.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema será ahora la encargada de resolver la apelación y definir si confirma o modifica la sentencia. Mientras eso ocurre, Ciro Ramírez seguirá aferrado a su curul, en una postal que para muchos colombianos resume con crudeza la resistencia de la clase política a asumir responsabilidades cuando la justicia toca sus puertas.