Santander hace parte de las regiones mineras que reclaman voz en la nueva Ley Minera para este sector económico. La principal preocupación, en Santander, está marcada por la imposición de la Zona de Reserva Temporal (ZRT), que según los líderes mineros vulneró el derecho de participación, viola el Acuerdo de Escazú y pone en riesgo el desarrollo de una actividad formal, legal y responsable de la que dependen más de 25 mil santandereanos..

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Comisión Accidental Minera de la Cámara de Representantes instaló este martes, 16 de septiembre de 2025, la IV Mesa Técnica para debatir el futuro normativo de la minería en Colombia. Se trata de un espacio clave que reúne a los pequeños mineros, alcaldes, gremios y congresistas de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Boyacá.

El propósito central de este encuentro es avanzar en la construcción de una propuesta legislativa que será presentada al próximo Congreso de la República y al nuevo Gobierno Nacional, con un énfasis especial en los temas ambientales, de ordenamiento territorial, sostenibilidad y formalización minera, que son los temas que mantienen en incertidumbre a las comunidades mineras de Soto Norte, Santander y otras regiones del territorio nacional.

Los líderes locales y nacionales, durante la sesión, expresarán su preocupación frente a las últimas normativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la inseguridad jurídica y la persecución al sector por parte del actual Gobierno con proyectos y reformas que amenazan la sostenibilidad de la minería como uno de los principales renglones económicos del país. En 2024, la minería alcanzó el tercer valor más alto de la historia en exportaciones mineras, y junto con el petróleo y la energía eléctrica constituye uno de los sectores que mayor aporte realizan en pago de renta como proporción a su participación en el PIB. Por cada punto, la minería aporta $1,4 billones en renta.

En el caso de Santander, la mayor inquietud está relacionada con la imposición de la Zona de Reserva Temporal en el macizo de Santurbán, adoptada sin estudios técnicos ni procesos de concertación con las comunidades afectadas como lo denunciaron la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, lo que según alcaldes y voceros mineros vulnera los derechos de participación de más de 25 mil personas que dependen de esta actividad productiva.

La alcaldesa de Vetas, Angélica García, expresó que “las comunidades merecen que se les escuche y se construyan soluciones técnicas y viables, no imposiciones que ponen en riesgo la economía y el futuro de nuestras familias. No han respetado los acuerdos para la delimitación del Páramo de Santurbán, lo que se convierte en un claro ejemplo de violación al Acuerdo de Escazú. Lamentamos y rechazamos que este Gobierno solo se ha dedicado a vulnerar nuestros derechos a la participación y ha evitado a toda costa que sigamos avanzando en la formalización minera”.

“Hemos elevado nuestra voz de rechazo en todas las instancias posibles, porque no se puede seguir condenando a la minería legal, la minería tradicional, la vocación de más de 450 años de un territorio California y otro como el de nuestros paisanos de Vetas, mientras se abre la puerta para que grupos ilegales entren a los territorios a robarse la tranquilidad y a condenarnos a la miseria. Estamos aquí, en esta Mesa, para seguirles argumentando por qué lo que ha hecho este Gobierno en complicidad con sus distintas ministras de ambiente, desconoce nuestros derechos y la realidad de nuestra Provincia” señaló Fabio Maldonado, director de Consotonorte.

La Mesa Técnica fue instalada por el representante a la Cámara por Santander Óscar Villamizar, quien aseguró que “el Gobierno ha criminalizado la minería formal, mientras los grupos armados ilegales se apropian de minas de oro. Santander enfrenta riesgos crecientes como la presencia de banderas del ELN cerca del área metropolitana y presiones sobre zonas mineras como California y Vetas donde, además, las resoluciones de reservas temporales han debilitado al sector, afectando no solo al oro sino también a materiales esenciales para vivienda, vías e infraestructura. Sin duda alguna, se requiere un Código Minero concertado con las comunidades y los verdaderos actores del sector”.

Con la realización de la Comisión Accidental Minera del Congreso en Santander, alcaldes, mineros y congresistas buscan construir un sólido sustento que conlleve a establecer una normativa que garantice sostenibilidad ambiental, desarrollo regional y estabilidad económica para miles de familias que dependen del sector minero, el cual aporta $25 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, un monto equivale a una tercera parte del presupuesto del sector salud, cinco veces lo destinado al sector agrícola, y tres veces el costo de programas como Familias en Acción.

Lo que se sabe de la nueva Ley minera

La nueva ley minera en Colombia es una propuesta para transformar el sector minero en un modelo más sostenible, justo y participativo, que prioriza la protección ambiental, el respeto por las comunidades y la transición energética. Una de las críticas más grandes al proyecto de ley es que no ha sido socializada ni consultada en poblaciones de amplia tradición minera.

De acuerdo con el texto, el objetivo es que esta ley regule el aprovechamiento sustentable de los minerales, reduciendo impactos negativos y fomentando la coexistencia con otras actividades productivas.

Objetivos principales

·         Sostenibilidad y responsabilidad ambiental: Organizar, planificar y regular el aprovechamiento de minerales de manera sustentable, buscando reducir los impactos ambientales desde el inicio.

·         Transición energética: Fomentar la minería de minerales estratégicos para la transición energética.

·         Participación y justicia social: Construir la ley de manera participativa, inclusiva y plural, con un fuerte enfoque en el respeto por las comunidades.

·         Coexistencia de actividades: Priorizar la coexistencia de la minería con otras actividades productivas en los territorios.

·         Marco legal: Establecer un marco jurídico especial para la legalización y formalización minera, así como para su financiamiento y comercialización.

·         Formalización: Dar herramientas jurídicas y simplificar requisitos financieros y técnicos para facilitar la formalización de la pequeña minería.

·         Ecominera: Se plantea la creación de una entidad estatal llamada Ecominera, similar a Ecopetrol, para la comercialización de minerales estratégicos.

·         Rol del Estado: Reforzar el papel del Estado en la administración y aprovechamiento de los minerales, asegurando que sea de manera estatal y con pleno respeto a los derechos fundamentales.

·         Atención territorial: Fortalecer la presencia de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en las regiones para acompañar a los mineros en el proceso de formalización