Congreso hunde la tributaria y deja desfinanciado el presupuesto del gobierno Petro para el 2026

En una votación que definió la suerte de las finanzas públicas del próximo año, la Comisión Cuarta del Senado de Colombia rechazó este martes la ponencia favorable del proyecto de ley de financiamiento propuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda), dirigida por Germán Ávila.

Con 9 votos en contra y 4 a favor, la iniciativa quedó archivada hundiendo así la expectativa de recaudar los COP $16,3 billones que el Gobierno estimaba como clave para llenar el vacío fiscal del presupuesto para 2026.

Ese monto de COP $16,3 billones era considerado por la administración como el complemento necesario para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN 2026), cuya cifra aprobada había ascendido a COP $546,9 billones.

Con el rechazo de la reforma tributaria, ese presupuesto queda “desfinanciado” —en palabras de analistas y del mismo Gobierno—, lo que obliga a ajustes urgentes.

Los esfuerzos del Gobierno

y los recortes en la reforma

El proyecto de ley de financiamiento había sido radicado por el Gobierno con el objetivo de recaudar COP $16,3 billones —una cifra ya rebajada desde los COP $26,3 billones iniciales presentados meses atrás.

Entre las medidas contempladas en la reforma se encontraban ajustes al IVA sobre ciertos bienes y servicios, cambios en impuestos al patrimonio, a ganancias ocasionales, a actividades de consumo, e instrumentos similares que buscaban ampliar la base tributaria.

El ministro Ávila defendió la reducción del monto recaudado esperado y aseguró que era un “ajuste responsable” frente a la situación económica del país.

Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por negociar con ponentes en el Congreso e incorporar las modificaciones, la negativa de la Comisión Cuarta del Senado resultó decisiva.

Con el rechazo del proyecto, el PGN 2026 quedará “desfinanciado” en COP $16,3 billones, lo que implica que el monto aprobado no cuenta con los recursos garantizados que ese recaudo suplementario representaba.

Eso obliga al Gobierno a realizar ajustes de urgencia. Según los medios especializados, el presupuesto oficial para 2026 quedará en COP $530,6 billones —una cifra menor al monto aprobado originalmente, ya que no cuenta con los recursos previstos en la reforma.

Este reajuste abrirá la necesidad de recortes en gastos, aplazamientos de inversiones o reestructuración de prioridades en las finanzas públicas.

La decisión de archivar la reforma evidenció la profunda división en el Congreso. Legisladores opositores argumentaron que aumentar la carga fiscal —mediante nuevos impuestos o ampliación de bases tributarias— golpearía el bolsillo de los colombianos y no necesariamente recaería sobre los sectores de mayores ingresos, como lo había prometido el Gobierno.

Por su parte, desde el Gobierno y sectores oficialistas lamentaron la pérdida de una oportunidad para asegurar estabilidad fiscal. Consideran que el rechazo responde más a “resistencia política” que a un análisis técnico serio sobre sostenibilidad económica.

El debate revela además una tensión estructural: la necesidad de nuevos ingresos frente a la renuencia de amplios sectores del Legislativo a aprobar reformas tributarias en medio de una situación económica delicada.

Caminos posibles tras el hundimiento

El Ejecutivo deberá ajustar el presupuesto 2026 lo que podría implicar reducciones en gasto social, inversión pública o incluso aplazamientos de proyectos.

Podría buscarse una nueva reforma tributaria a comienzos de 2026, aunque el rechazo reciente marca una señal fuerte de advertencia.

Alternativamente, el Gobierno podría recurrir a endeudamiento o a fuentes de financiamiento no recurrentes, algo que ya había generado advertencias sobre la sostenibilidad fiscal.

El revés legislativo aumenta la incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos para 2026, especialmente en inversión social, infraestructura y programas priorizados por la administración.