Conmemoración del Día del Trabajador en medio de enorme incertidumbre
Resumen
Colombia baja el desempleo, pero la mayoría de nuevos empleos depende del Estado y persiste una alta informalidad que evidencia un mercado laboral frágil.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Celebración del Día del Trabajador este 1 de mayo volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda y es que Colombia aplaude una mejora en el empleo, pero todavía no resuelve el problema de fondo.
La caída del desempleo a 8,8 por ciento en marzo luce valiosa, sobre todo después de años de tensión económica. Sin embargo, una lectura seria del dato obliga a mirar más allá del titular cómodo y del discurso triunfal que emite el Gobierno nacional.
El primer hallazgo inquietante es la composición de los nuevos puestos. De los 650.000 empleos creados frente al mismo mes del año anterior, 369.000 surgieron en el Estado.
Eso significa que más de la mitad del avance depende de la nómina pública. En un país con finanzas presionadas, deuda creciente y una administración que ya enfrenta restricciones fiscales, la pregunta es inevitable, ¿hasta cuándo podrá sostenerse ese impulso?
No se trata de desconocer el esfuerzo institucional por contener la desocupación. Se trata de advertir que un país no consolida bienestar con expansión burocrática, sino con empresa privada fuerte, inversión productiva y sectores capaces de generar trabajo estable.
Cuando la mayor parte del empleo reciente sale de pocas ramas económicas, la economía revela su fragilidad estructural. Crece la cifra, pero no se corrige el desequilibrio.
La segunda alerta es aún más grave: la informalidad sigue instalada como norma y no como excepción. Que el 55,6 por ciento de los ocupados permanezca en esa condición demuestra que el mercado laboral colombiano no ofrece suficiente calidad ni protección.
Peor todavía, buena parte de los nuevos ocupados trabaja por cuenta propia, una salida que suele reflejar necesidad antes que emprendimiento sólido. Ahí reside el verdadero desafío nacional. Un país no puede descansar en ocupaciones precarias, ingresos inestables y cotizaciones débiles para su sistema de seguridad social.
Tampoco puede aceptar que la reducción del desempleo oculte la persistencia de salarios bajos, baja productividad y escasa movilidad social. La formalidad no es lujo técnico, es la base de la dignidad laboral y de la estabilidad fiscal futura.
Por eso este 1 de mayo debió pasar de algo más que repetir consignas. El Gobierno tiene la obligación de explicar cómo reducirá la dependencia del empleo estatal y cómo fortalecerá la industria, los servicios modernos y la inversión privada.
Los aspirantes presidenciales, por su parte, deben abandonar la retórica vacía y presentar propuestas concretas para formalizar el trabajo, ampliar la base contributiva y blindar la seguridad social.
La celebración sindical conserva su sentido cuando empuja soluciones reales. De lo contrario, el país aplaude una mejoría numérica sobre una estructura laboral que sigue tambaleante.
La discusión de fondo exige menos propaganda, más inversión, más productividad y un compromiso real con la formalización, sin maquillaje estadístico ni promesas electorales.