Resumen
La Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario trasladaron a 155 detenidos de las estaciones de policía a centros penitenciarios para aliviar el hacinamiento y cumplir una orden de la Corte Constitucional. Esto liberará policías para reforzar la seguridad ciudadana.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En un importante avance para mejorar las condiciones de seguridad y orden público en la ciudad, la Alcaldía de Bucaramanga, en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ha logrado trasladar a 155 detenidos de las estaciones de Policía a centros penitenciarios.
Esta acción, que se enmarca en un convenio firmado en julio de este año, busca aliviar el hacinamiento que venía presentándose en las instalaciones policiales y garantizar el cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.
De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC), los detenidos fueron distribuidos de la siguiente manera: 140 en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, 9 en la Cárcel de Palogordo y 6 en la Reclusión para Mujeres.
El alcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez destacó la importancia de este logro, señalando que "con esta iniciativa no solo cumplimos una promesa de campaña, sino que también liberamos un importante número de policías para fortalecer la seguridad ciudadana en todos los rincones de la ciudad".
La Administración Municipal ha invertido más de $1.200 millones para llevar a cabo estos traslados, los cuales se enmarcan dentro de un convenio más amplio que contempla el traslado de 250 detenidos.
"Esta inversión demuestra nuestro compromiso con la seguridad de los bumangueses. Al reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía, estamos creando mejores condiciones para que nuestros uniformados puedan desempeñar su labor de manera eficiente y efectiva", afirmó el mandatario local.
Con este traslado masivo de detenidos, la Alcaldía de Bucaramanga da un paso significativo hacia la descongestión de las estaciones de Policía y la optimización de los recursos destinados a la seguridad ciudadana.
Además, se cumple con una orden judicial que buscaba garantizar los derechos de los detenidos y mejorar las condiciones de las instalaciones policiales.
