Contrato por “calamidad” bajo sospecha en Santander: Investigan a exalcalde por presuntas irregularidades

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde del municipio de Matanza (Santander), César Armando Lozada Durán, y el exasesor de Planeación Efraín Andrés Ríos Calderón, por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito durante la vigencia 2022, relacionado con obras para la optimización del sistema de acueducto en la cabecera urbana del municipio.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, que adelanta una investigación disciplinaria con el propósito de esclarecer posibles anomalías en la contratación de una obra que habría sido justificada bajo la declaratoria de calamidad pública.

Según el organismo de control, la investigación busca establecer la conducta de los entonces funcionarios frente a la celebración de un contrato bilateral cuyo objeto consistía en adelantar obras para la optimización de las redes de captación del sistema de acueducto municipal, proyecto que se habría ejecutado bajo el argumento de atender una situación de emergencia.

De acuerdo con el expediente disciplinario, el exalcalde Lozada Durán presuntamente omitió remitir a la autoridad de control fiscal competente el decreto mediante el cual se declaró el estado de calamidad pública, así como el contrato suscrito y los antecedentes administrativos y técnicos que habrían motivado dicha decisión.

Para la Procuraduría, esta actuación podría constituir una irregularidad relevante, ya que la declaratoria de calamidad pública habilita procedimientos contractuales excepcionales y exige controles estrictos de vigilancia fiscal, transparencia administrativa y justificación técnica de las medidas adoptadas. La falta de remisión de estos documentos habría impedido el ejercicio oportuno del control fiscal sobre la contratación.

El ente disciplinario analiza si esta presunta omisión vulneró los principios de transparencia, responsabilidad y control que rigen la función pública, especialmente en escenarios de contratación por urgencia manifiesta o situaciones extraordinarias.

Cuestionamientos a la

supervisión del contrato

La investigación también involucra al exasesor de Planeación del municipio, Efraín Andrés Ríos Calderón, quien se desempeñó como supervisor del contrato objeto de análisis.

La Procuraduría busca confirmar si el exfuncionario certificó la recepción a satisfacción de las obras contratadas pese a que, al parecer, los trabajos pactados no se encontraban en funcionamiento al momento de su entrega.

De comprobarse esta situación, el organismo de control considera que podría configurarse una falta disciplinaria relacionada con el incumplimiento de los deberes de supervisión contractual, particularmente en lo referente a la verificación técnica, administrativa y funcional de las obras ejecutadas con recursos públicos.

La certificación de cumplimiento de un contrato implica la validación de que el objeto contratado fue ejecutado conforme a las condiciones pactadas, por lo que el ente de control evalúa si existió una actuación negligente o contraria a las obligaciones propias del cargo.

En el marco del proceso disciplinario, la Procuraduría calificó de manera provisional la conducta atribuida al exalcalde César Armando Lozada Durán como una falta grave, cometida a título de culpa grave, lo que sugiere que el funcionario habría actuado con una negligencia significativa en el cumplimiento de sus deberes.

Por su parte, la presunta conducta del exasesor de Planeación fue calificada como falta gravísima a título de culpa gravísima, una valoración que implica un mayor grado de responsabilidad disciplinaria en caso de comprobarse los hechos investigados.

La formulación del pliego de cargos constituye una etapa procesal en la que la Procuraduría presenta formalmente las imputaciones disciplinarias y permite a los investigados ejercer su derecho a la defensa, presentar pruebas y controvertir los señalamientos.

El proceso continuará con la etapa probatoria y el análisis de los elementos recaudados, tras lo cual el ente de control adoptará una decisión de fondo sobre la eventual responsabilidad disciplinaria de los exfuncionarios.

Este caso se enmarca en las acciones de vigilancia y control que adelanta la Procuraduría sobre la gestión de los recursos públicos y la contratación estatal en los entes territoriales, especialmente en proyectos relacionados con servicios esenciales como el acceso al agua potable en los municipios del país.