Cooperación en seguridad y lucha antidrogas

La relación entre Colombia y Estados Unidos ha entrado en una fase de redefinición crítica. Mientras que históricamente la agenda estuvo dominada por la erradicación de cultivos ilícitos en zonas rurales, las reuniones de finales del 2025 y comienzos del 2026, han desplazado el foco de atención hacia la seguridad urbana y el impacto del narcotráfico en las grandes ciudades.

El gobierno colombiano ha insistido en que el narcotráfico ya no es un fenómeno puramente de exportación, sino una amenaza directa a la convivencia en las urbes. El análisis de estas reuniones revela que se acordó priorizar la persecución de “los dueños del capital” y lideres del microtráfico, en lugar de criminalizar al consumidor o al pequeño expendedor. La cooperación ahora incluye el fortalecimiento de la inteligencia policial para desmantelar las llamadas “ollas” de vicio que alimentan la criminalidad local y los homicidios en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. 

Durante la cumbre de Ameripol y las mesas preparatorias para la reunión presidencial de febrero 2026, se estableció que el microtráfico es motor financiero de delitos como la extorsión y el sicariato. Un punto clave, ha sido la conexión entre las bandas locales de microtráfico y organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua. Así, el encuentro estratégico entre el gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro y la Administración Trump, fijaran una hoja de ruta hacia estos puntos del tráfico de estupefacientes y la política narcóticos.

La seguridad  ciudadana  depende de interrumpir el flujo  financiero  que el narcotráfico aporta a las estructura criminales  de alto impacto; por lo tanto, Estados Unidos  ha comprometido apoyo  técnico no solo en la interdicción  marítima,  sino en la seguridad urbana tecnológica, que incluye el uso de drones para vigilancia  en zonas críticas de expendio, capacitación en ciberseguridad  para rastrear  transacciones financieras ligadas al tráfico local, intercambio de información en tiempo real  sobre nuevas sustancias  como el fentanilo, que amenaza con penetrar el mercado interno colombiano.

A pesar de la voluntad de cooperación, persisten fricciones, toda vez que el enfoque de “Paz Total” del presidente Petro a veces choca con la visión más punitiva de la nueva administración estadounidenses, por su parte Washington exige resultados tangibles en capturas y extradiciones, mientras Colombia busca que la inversión se dirija también a revitalizar socialmente los sectores afectados por la violencia.

En conclusión, la reunión marcará un hito si logra reconocer que el microtráfico es un problema de seguridad nacional compartido. La efectividad de esta alianza no se medirá solo por las toneladas de cocaína incautadas, sino por la reducción en índices de criminalidad urbana de nuestro país, la capacidad de ambas naciones para adaptar su estrategia binacional a un crimen organizado cada vez más urbano y fragmentado.