Resumen
La Corte Constitucional calificó a los Centros de Detención Transitoria de Colombia como una tragedia humanitaria, señalando la inconstitucionalidad del sistema carcelario. La Corte insiste en mejoras urgentes en las condiciones de vida e infraestructura.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Corte Constitucional calificó la situación en los Centros de Detención Transitoria (CDT) como una tragedia humanitaria y subrayó la inconstitucionalidad del sistema carcelario del país. En su fallo, la Corte reclamó mejoras urgentes y llamó a una intervención inmediata por parte de la Contraloría, la Policía y la Fiscalía.
El tribunal indicó que la estancia prolongada en los CDT no solo es una irregularidad legal, sino una violación flagrante de la Constitución, sometiendo a los detenidos a condiciones inhumanas.
La Corte advirtió que la permanencia de más de 36 horas en estos centros infringe la normativa y pone a los privados de libertad en una situación de insalubridad y vulneración de sus derechos fundamentales. Las deficientes instalaciones para dormir y la falta de recursos básicos como lavamanos y duchas son ejemplos de las precarias condiciones a las que se enfrentan los detenidos.
La Corte también señaló problemas estructurales en términos de salubridad, como fallas en la gestión de aguas residuales, recolección de basura y el acceso a agua potable adecuada. Estas deficiencias se ven agravadas por la ubicación geográfica de muchos CDT, que carecen de acceso adecuado a agua potable, afectando la presión y la temperatura del agua.
En su dictamen más reciente, la Corte recordó que el sistema carcelario colombiano ha sido declarado inconstitucional en múltiples ocasiones, y el incumplimiento constante de las normas ha llevado a una crisis de derechos humanos en estos centros. Uno de los principales problemas identificados es la atención médica, que, según la Corte, solo se brinda ocasionalmente mediante brigadas de salud. En regiones como Magdalena, los reclusos enfrentan la falta de atención sanitaria por parte de las IPS o EPS, la ausencia de tratamientos médicos especializados y la carencia de traslados para citas médicas.
La situación de la alimentación también es crítica, ya que en muchas regiones los detenidos dependen casi exclusivamente de sus familiares para recibir comida, poniendo en riesgo su nutrición y reflejando el abandono estatal en garantizar condiciones mínimas de sustento.
Finalmente, la Corte destacó los problemas de hacinamiento y las deficientes condiciones de infraestructura en los CDT. Los detenidos a menudo están expuestos a la intemperie, y las fallas en las instalaciones contribuyen a brotes constantes de infecciones cutáneas y otras enfermedades. La Corte instó a todas las entidades competentes a tomar medidas inmediatas para garantizar que las personas privadas de libertad no solo tengan acceso a condiciones humanas, sino que se respeten sus derechos fundamentales.
