Corte Constitucional ordena revelar información sobre sacerdotes investigados por pederastia
Resumen
La Corte Constitucional de Colombia ordena a la Iglesia Católica entregar información sobre sacerdotes investigados por abuso sexual a menores, destacando el derecho fundamental a la información y propiciando transparencia en casos que afectan gravemente los derechos humanos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia que obliga a la Iglesia Católica a revelar información sobre sacerdotes investigados por abuso sexual a menores.
La decisión responde a 48 tutelas presentadas por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán (los dos en la foto), quienes exigieron acceso a datos contenidos en archivos de diócesis y arquidiócesis del país.
Con esta sentencia, la Corte ordena a diversas instituciones religiosas, entre ellas diócesis y arquidiócesis, que entreguen datos sobre los sacerdotes implicados, incluidas denuncias, procesos canónicos, sanciones internas, suspensiones y antecedentes relevantes.
La Corte fundamentó su decisión en el derecho fundamental a la información, especialmente en asuntos que afectan gravemente los derechos de las víctimas y el interés público.
El alto tribunal concluyó que la reserva institucional no puede prevalecer frente a violaciones de derechos humanos, y advirtió que la opacidad contribuye a la impunidad. En su análisis, señaló que el conocimiento de estos hechos permite a la sociedad exigir justicia y prevenir nuevas agresiones.
Este fallo representa un hito judicial en la lucha contra los abusos sexuales cometidos en entornos religiosos, donde históricamente ha primado el secreto sobre la transparencia.
La sentencia establece un precedente que obliga a la Iglesia a rendir cuentas ante la sociedad y ante la ley.
Juan Pablo Barrientos, autor de Dejad que los niños vengan a mí, ha documentado durante años casos de abuso sexual encubiertos por autoridades eclesiásticas.
Su trabajo, junto al de Estupiñán y otras voces del periodismo investigativo, ha sido clave para exponer redes de silencio y negligencia institucional.
La decisión de la Corte reafirma el papel del periodismo en la defensa de los derechos fundamentales y fortalece el acceso a la verdad como un componente esencial para la justicia y la reparación.
