Corte Suprema impone penas de prisión a 5 congresistas por actos de CORRUPCIÓN
Resumen
La Corte Suprema pide penas de prisión para cinco congresistas y un exparlamentario por corrupción vinculada a la UNGRD. Se les acusa de pactar favores a cambio de manipular votos por contratos públicos. La decisión destaca la acción judicial contra esta red clientelar.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Corte Suprema avanza en el proceso judicial contra cinco congresistas y un exparlamentario implicados en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre los congresistas investigados están Wadith Manzur, recién elegido al Senado por el partido conservador, con más de 110.000 votos y Karen Manrique, reelecta a la Cámara con 5.640 votos, para curules de paz. La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción, pide que se les acuse formalmente y se les envíe a prisión a los cinco parlamentarios y un excongresista por su presunta participación en una red criminal que manipuló votos en las comisiones económicas del Congreso a cambio de contratos y favores pagados con recursos públicos de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Entre los investigados están los congresistas Wadith Manzur, recién elegido al Senado con más de 110.000 votos, y Karen Manrique, reelecta a la Cámara con 5.640 votos, para curules de paz. Además de Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz. Por su presunta participación en esta red clientelar, Manzur, Manrique, Bitar, Peinado y Gallo, así como el excongresista Muñoz, fueron imputados por el delito de cohecho impropio. La ponencia ha enfrentado extensas discusiones en la Sala de Instrucción, lo que llevó a la designación de dos conjueces para destrabar la discusión. Se trata de Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado. Según el máximo tribunal de justicia, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los congresistas supuestamente habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar). Las declaraciones que hoy tienen en la mira a varios congresistas comenzaron a rendirse formalmente el 5 de junio de 2024, cuando Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), compareció por primera vez en interrogatorio por el escándalo de corrupción en esa entidad.
