Corte Suprema llama a indagatoria a Miguel Polo Polo por presunta discriminación
Resumen
La Corte Suprema investiga al representante Miguel Polo Polo por presunta discriminación. El caso se centra en su rechazo a un acto simbólico en honor a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que ha generado debate sobre la libertad de expresión y respeto a las víctimas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)El proceso judicial contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, dio un giro decisivo luego de que la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación formal y lo citara a indagatoria por el presunto delito de discriminación.
El detonante del caso fue un polémico episodio ocurrido el 6 de noviembre de 2024, cuando el congresista arrojó a la basura una instalación artística en homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocida como “Mujeres con las botas bien puestas”. La obra, organizada por el colectivo Madres de Soacha (Mafapo), se encontraba en la plaza Rafael Núñez, en el Congreso de la República.
En un video difundido en sus redes sociales, Polo Polo cuestionó la legitimidad del acto simbólico y de las cifras de falsos positivos, asegurando: “¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de Justicia y Paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el gesto como un acto de estigmatización y odio contra las víctimas, lo que reforzó las denuncias de varios sectores sociales y defensores de derechos humanos. Para las Madres de Soacha, el comportamiento del congresista constituyó una afrenta directa a la memoria de sus hijos y al trabajo de reivindicación que han liderado durante más de una década.
Ahora, la Corte Suprema deberá escuchar en indagatoria al representante, en una diligencia clave para determinar si su conducta se enmarca dentro del delito de discriminación. El caso ha generado un amplio debate público sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios y el deber de respeto hacia las víctimas del conflicto armado.