Crónica de una muerte anunciada: juez suspende empréstito en Bucaramanga  tras graves reparos de la Procuraduría

Las advertencias que hace apenas tres semanas lanzó la Procuraduría General de la Nación terminaron convirtiéndose en la antesala de un duro revés judicial para la Alcaldía de Bucaramanga y para el Concejo Municipal. En su momento, lo que el Ministerio Público había calificado como un trámite plagado de vacíos técnicos, financieros y de planeación, encontró este miércoles un primer respaldo en los tribunales, luego de que el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga decretara medidas cautelares que suspenden provisionalmente los efectos del acuerdo mediante el cual se autorizó al alcalde Cristian Portilla para contratar un empréstito por 538.611 millones de pesos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La decisión judicial marca un punto de inflexión en uno de los proyectos financieros más ambiciosos y polémicos de los últimos años para la capital santandereana y también deja en evidencia que las alertas emitidas por la Procuraduría no eran simples observaciones de trámite, sino cuestionamientos de fondo sobre la legalidad, la conveniencia y la rigurosidad con la que se pretendía comprometer las finanzas del municipio durante los próximos años.

Desde mediados de julio, la Procuraduría Regional de Santander había encendido todas las alarmas al concluir una actuación preventiva de más de sesenta páginas en la que encontró serias inconsistencias en la estructuración del Proyecto de Acuerdo 011 de 2026, acto legislativo que para la procuraduría habría sido promovido por la administración municipal sin contar con los soportes técnicos, económicos y de planeación exigidos por la normatividad para una operación de semejante magnitud.

Y no hay duda, la decisión judicial también vuelve a poner bajo la lupa la actuación del Concejo de Bucaramanga, corporación que terminó otorgando el visto bueno al proyecto pese a las reiteradas advertencias sobre la ausencia de soportes técnicos y financieros suficientes.

Los concejales Cristian Reyes, Luis Ávila, Óscar Arenas, Javier Ayala, Leonardo Mancilla, Luis Fernando Castañeda, Henry Gamboa, Gustavo Ardila, Yesid Bello, Óscar Díaz y Tito Rangel respaldaron favorablemente la autorización del empréstito, una decisión que ahora queda rodeada por cuestionamientos tanto disciplinarios como judiciales.

Errores de principiantes

Precisamente, uno de los reparos más contundentes consistió en establecer que el proyecto fue presentado cuando aún no se encontraba aprobado el Plan de Desarrollo Municipal, circunstancia que impedía verificar si las inversiones propuestas realmente respondían a la planificación oficial de la ciudad. Para la Procuraduría, semejante omisión fue una falencia estructural que impedía comprobar que los recursos públicos serían destinados a proyectos plenamente articulados con las metas del gobierno local.

Además, el informe fue aún más severo al señalar que la Alcaldía confundió la autorización para contratar un crédito con la viabilidad técnica de las obras que pretendía financiar. En otras palabras, el organismo de control encontró que nunca se acreditó de manera suficiente que los proyectos incluidos dentro del empréstito contaran con estudios completos, diseños consolidados, análisis económicos y soportes de planeación que justificaran comprometer más de medio billón de pesos provenientes del endeudamiento público.

Pero eso no fue todo, la Procuraduría también dejó consignado que no existía evidencia suficiente sobre el grado de maduración técnica y financiera de las iniciativas incluidas dentro del empréstito, circunstancia que incrementaba considerablemente el riesgo de que las obras terminaran enfrentando modificaciones, sobrecostos, retrasos o incluso dificultades para su ejecución.

¿Son obras funcionales?

Especial preocupación despertó la Troncal Norte-Sur, considerada una de las obras insignia de la administración municipal. El organismo de control recogió incluso las observaciones formuladas por la Sociedad Santandereana de Ingenieros sobre el diseño de la intersección de la carrera Novena con calle 45, uno de los puntos neurálgicos del proyecto, donde persistían cuestionamientos acerca de la funcionalidad de una glorieta propuesta y su compatibilidad con los instrumentos de movilidad y ordenamiento territorial de Bucaramanga.

La Procuraduría fue más allá y advirtió que aprobar una operación de crédito de semejante magnitud sin contar con diseños definitivos, claridad sobre adquisición predial, licencias, estudios funcionales y conceptos técnicos suficientes comprometía seriamente la sostenibilidad tanto de las obras como de las finanzas municipales.

Dentro de sus conclusiones, el Ministerio Público identificó tres vacíos particularmente graves: el empréstito fue tramitado sin que estuviera vigente el Plan de Desarrollo; no se acreditó el concepto de conveniencia técnica y económica exigido por la legislación para este tipo de operaciones de crédito; y tampoco se obtuvo el concepto previo del Departamento Nacional de Planeación, requisito contemplado dentro del marco normativo para evaluar la viabilidad de este tipo de endeudamientos.

Aunque la actuación preventiva no suspendió automáticamente la autorización otorgada por el Concejo, la Procuraduría dejó expresamente abierta la puerta para que otras autoridades evaluaran posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales. En consecuencia, recomendó trasladar el expediente a la Procuraduría Regional de Instrucción para analizar la actuación de los concejales que respaldaron la iniciativa.

Tres semanas después de conocidas esas conclusiones llegó la respuesta desde la jurisdicción administrativa. Mediante una providencia de 31 páginas, la juez Edilia Duarte Duarte, titular del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, decretó medidas cautelares dentro de la demanda promovida por el entonces representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, quien cuestionó la legalidad del acuerdo aprobado por el Concejo Municipal.

La demanda sostuvo que durante el trámite del proyecto se vulneraron múltiples disposiciones legales y constitucionales relacionadas con la planeación, la publicidad de los documentos, la motivación del acto administrativo y la adecuada sustentación técnica de las inversiones. Según el demandante, los documentos presentados para justificar el empréstito resultaban incongruentes frente al articulado finalmente aprobado, al punto de justificar obras que no quedaron incorporadas y omitir la sustentación de otras que sí fueron incluidas.