La infraestructura vial del sur de Santander vuelve a quedar bajo la lupa. Un primer informe de seguimiento de la Veeduría Técnica de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, muestra que cuatro de los corredores considerados estratégicos para conectar a las provincias de Guanentá y Comunera con el resto del departamento avanzan con modificaciones, recortes de metas, suspensiones y dificultades para asegurar los recursos necesarios.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El común denominador no es que las obras estén completamente paralizadas. El problema es más silencioso: varias avanzan, pero con menos kilómetros de los que originalmente se prometieron. En otros casos, lo construido todavía no permite que la infraestructura cumpla plenamente la función para la cual fue concebida.

El informe, con información revisada durante 2026, pone bajo la lupa la Variante de San Gil, el corredor San Gil-Charalá-Duitama, la vía Mogotes-San Joaquín-Onzaga, conocida como Onsamo, y la conexión Barichara-Zapatoca. La veeduría advierte que las modificaciones contractuales, el aumento de costos, los nuevos puntos críticos y las dificultades ambientales han terminado alterando los alcances inicialmente planteados.

La Variante de San Gil: cuatro kilómetros más

El caso más visible es el de la Variante de San Gil. La obra fue concebida para sacar parte del tráfico pesado del casco urbano de San Gil y mejorar la movilidad sobre uno de los corredores nacionales más importantes de Santander. Sin embargo, después de 73 meses de ejecución, el proyecto terminó contractualmente con apenas 4,1 kilómetros construidos de los 9,6 kilómetros previstos, equivalente a cerca del 42 % de la meta original.

El problema no es solamente el porcentaje. La infraestructura construida no conforma todavía una conexión vial integral capaz de cumplir el propósito de desviar el tráfico que atraviesa San Gil. La propia veeduría ha advertido que la obra quedó sin recursos desde junio de 2023 y que se necesitan aproximadamente $200.000 millones adicionales para completar el trazado.

La ficha de proyectos de Invías registra el contrato de obra 1019 de 2018 para la Variante de San Gil, con una longitud de referencia de 10 kilómetros y una inversión registrada de $183.033 millones. Es decir, el departamento enfrenta una situación paradójica: ya se gastaron recursos importantes, pero la infraestructura todavía no funciona como la alternativa de movilidad que San Gil necesita.

La discusión ahora gira alrededor de cómo financiar y contratar los tramos faltantes. La veeduría calcula que completar la conexión podría requerir alrededor de $200.000 millones, una suma que no estaba incorporada en el alcance que inicialmente se presentó a la región.

Onsamo: el recorte más drástico

La vía Mogotes-San Joaquín-Onzaga presenta otro problema: la obra continúa, pero la meta se hizo mucho más pequeña. El proyecto originalmente contemplaba la pavimentación de 24,85 kilómetros. La nueva meta quedó en apenas 8,8 kilómetros, lo que representa una reducción de aproximadamente 64,5 %.

El dato tiene una lectura especialmente importante para las comunidades rurales de estos municipios. Una carretera puede aparecer oficialmente como proyecto en ejecución, pero para sus habitantes la pregunta fundamental es cuántos kilómetros nuevos quedarán realmente pavimentados.

Con la reducción de la meta, la obra puede mostrar porcentajes de ejecución relativamente favorables frente a su nuevo objetivo, pero eso no significa que se haya cumplido el alcance originalmente anunciado.

Barichara-Zapatoca: la montaña se atravesó

El corredor Barichara-Zapatoca tampoco escapó a la tijera. La meta inicial de pavimentación era de 52,4 kilómetros. Ahora se habla de 35 kilómetros, una reducción cercana al 33 %. Pero además existe un problema de ejecución: las obras están suspendidas desde el 9 de abril de 2026.

El motivo está relacionado con estudios y permisos ambientales necesarios para intervenir sectores que tienen relación con el Distrito Regional de Manejo Integrado de la serranía de Los Yariguíes. La veeduría advierte que la solución puede tardar debido a los procedimientos ambientales que aún deben adelantarse.

La situación tiene una consecuencia territorial que va más allá del pavimento. La conexión entre Barichara, Guane y Zapatoca tiene importancia para el turismo, el transporte de productos agropecuarios y la movilidad cotidiana de comunidades rurales.

San Gil-Charalá-Duitama: el que

avanza, pero tampoco alcanza

El cuarto proyecto ofrece un panorama menos crítico, aunque tampoco está exento de preocupaciones. Se trata de la conexión San Gil-Charalá-Duitama, incluida por Invías dentro del programa de corredores estratégicos de integración nacional. En el tramo santandereano ya comenzaron las obras entre Virolín y La Cantera. Además, durante mayo de 2026 la CAS autorizó intervenciones ambientales necesarias para avanzar en sectores del corredor, incluyendo permisos para 53 estructuras de drenaje y aprovechamiento forestal en un área de 45,47 hectáreas.

Pero nuevamente aparece la brecha entre lo planeado y lo que finalmente podrá construirse. El proyecto contemplaba inicialmente 41 kilómetros de nuevo pavimento en Santander. De acuerdo con la veeduría, los recursos actualmente disponibles alcanzarían para aproximadamente 25 kilómetros, lo que significa una reducción cercana al 39 % frente a la meta original.

El avance físico general del proyecto había sido reportado en 17,2 %, frente a un avance financiero cercano al 35 %, según información de la veeduría citada en agosto.

La importancia de este corredor trasciende a Santander. Su propósito es mejorar la conexión con Boyacá y forma parte del programa nacional “Vías para la Legalidad y la Reactivación con Visión 2030”.