Cuestionan salida de juez que cerró proceso contra exjefe de seguridad de Miguel Uribe
La familia de Miguel Uribe Turbay cuestionó la salida del juez que precluyó el proceso contra su exjefe de seguridad, alegando afectación a la independencia judicial.
La familia de Miguel Uribe Turbay cuestionó la salida del juez que precluyó el proceso contra su exjefe de seguridad, alegando afectación a la independencia judicial.
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Una nueva polémica rodea las investigaciones derivadas del asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La familia del dirigente político rechazó la declaratoria de insubsistencia del mayor retirado Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado y que recientemente había ordenado cerrar la investigación contra el exjefe del esquema de seguridad del congresista.
El caso gira alrededor del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, antiguo responsable de la seguridad de Uribe Turbay, cuya actuación fue objeto de indagaciones tras el atentado que terminó con la vida del dirigente político. Sin embargo, el juez concluyó que el oficial desplegó diversas acciones para garantizar la protección del entonces senador, pese a limitaciones operativas, escasez de personal y un esquema de seguridad reducido, razones por las que decretó la preclusión del proceso por atipicidad.
La controversia surgió porque, según denunció la firma de abogados que representa a la familia Uribe Turbay, el funcionario judicial fue declarado insubsistente apenas una hora después de concluir la audiencia en la que adoptó la decisión. Para la defensa, el hecho resulta “jurídicamente inaceptable” y plantea serios interrogantes sobre las garantías de independencia judicial y seguridad jurídica dentro de la jurisdicción penal militar.
Los representantes de la familia también recordaron que la Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con posibles fallas en el esquema de protección asignado al dirigente político asesinado, entre ellas actuaciones que comprometerían a altos funcionarios encargados de coordinar su seguridad.
El episodio agrega un nuevo capítulo a las controversias que siguen rodeando el esclarecimiento del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, un caso que continúa bajo la lupa de la opinión pública y de diversos sectores jurídicos del país.
