De Venezuela, el poder y las vacas

Por: Edgar Julián Muñoz González

La semana pasada escribí sobre el autoritarismo legislativo y puse como ejemplo al Perú. Esta semana quiero continuar con un caso que, a mi juicio, respalda esa misma idea.

Lo de Venezuela está lejos de ser una crisis política convencional. Ahí no hay ninguna disputa por “el poder”, porque el poder está concentrado. Las fuerzas armadas, el sistema judicial y buena parte de la economía responden a una misma estructura. En ese sentido, y dejémonos de bobadas, hablar de transición democrática va mucho más allá de la voluntad política o del llamado al diálogo.

Las transiciones negociadas funcionan únicamente cuando perder el poder es tolerable. Cuando la derrota implica cárcel, exilio o extradición, la negociación deja de ser un mecanismo viable. No se trata de ética ni de deseos, sino de incentivos. Ningún grupo que controle las armas y los recursos acepta rendirse si el costo es absoluto.

De ahí el error de reducir el problema venezolano a un simple cambio de líder. Los Estados no se reconstruyen por sustitución de nombres. La autoridad de la ley, la independencia judicial y la confianza institucional no reaparecen por decreto. Cuando esas bases han sido erosionadas durante años, el relevo político queda muy lejos de lo que puede llamarse una restauración del orden.

Algunos regímenes solo colapsan tras una derrota clara. La presión diplomática, las sanciones o la condena internacional apenas modifican estructuras de poder cerradas. La historia muestra que, cuando el control militar es total, el equilibrio solo se rompe ante una amenaza creíble de fuerza o su uso efectivo.

Esto no convierte a la intervención externa en una solución deseable. Toda acción militar genera costos humanos, políticos y regionales. Tampoco garantiza una transición estable ni instituciones funcionales. Pero la ausencia de acción también tiene consecuencias: prolonga el colapso, consolida economías criminales y expande la crisis más allá de las fronteras nacionales. La inacción no es neutral; simplemente administra el deterioro. Algo parecido, salvando las proporciones, es lo que ha venido ocurriendo en Colombia desde hace casi una década.

El debate sobre Venezuela suele fallar en este punto. Se discuten soluciones en términos morales antes de analizar el problema en términos de poder. No se trata de justificar la fuerza ni de promoverla, sino de reconocer que hay escenarios que no se resuelven con fórmulas que presuponen instituciones que ya no existen.

Venezuela no enfrenta un dilema entre el bien y el mal, sino entre realidades duras, difíciles de aceptar. Negarlo solo posterga la discusión, porque el desenlace va a ser el mismo. Por eso creo que Estados Unidos va a terminar interviniendo. No por altruismo ni por épica democrática, sino porque no se puede sostener indefinidamente esta mamadera de gallo cuando lo que está en juego, más allá del mapa geopolítico, es la vida de millones de personas que prefieren trabajar a que les regalen todo.

No sé si esta conclusión pueda leerse en paralelo con nuestro propio problema frente a los grupos terroristas que operan en Colombia y que este gobierno insiste en resolver mediante el diálogo. Esa estrategia, una y otra vez, termina en fracaso, por más que se vista de paz y de vida como eslogan. Santos siempre carga con la culpa histórica, pero Petro no queda al margen: su gobierno convive con la corrupción, el debilitamiento de las fuerzas armadas y una inseguridad que ya es cotidiana. No es casualidad. Hay afinidades, hábitos y complacencias que terminan pasando factura.

Pero seamos sinceros: solo sabremos que Colombia es una patria distinta cuando las motos dejen de atravesarse en las calles zigzagueando, cuando los semáforos en rojo vuelvan a significar algo y cuando, por fin, las vacas vuelen.