Decisiones firmes ante la inseguridad

Por: Luis E. Gilibert

La inseguridad ciudadana se ha convertido en el tema dominante de la agenda nacional. Por encima de los debates económicos o de las discusiones sobre la llamada “paz total”, los colombianos sienten hoy un deterioro profundo en su vida cotidiana, el miedo volvió a ser compañero habitual en las ciudades, y la percepción de riesgo -históricamente alta en Colombia- se ha incrementado por el auge de delitos que golpean de manera directa al ciudadano de a pie.

Mientras el país concentra esfuerzos en reducir la violencia asociada al conflicto en zonas rurales, nuestras principales capitales enfrentan una crisis multicrimen. Bogotá, Cali y Medellín son el epicentro de dinámicas delictivas que combinan homicidios derivados de disputas criminales, hurto en todas sus modalidades y una extorsión que ha mutado desde los escenarios rurales hacia los corredores urbanos. La extorsión, en particular, se ha consolidado como una renta criminal tan dañina como silenciosa, afectando por igual a grandes comerciantes, empresarios, pequeños negocios y tenderos de barrio.

Sería un error reducir el origen de esta crisis a la falta de policías en las calles ya que ni la seguridad se logra 100% con su presencia, ellos solo son un medio. Lo que enfrentamos es un problema estructural, sostenido por la impunidad y la débil capacidad del sistema judicial para investigar y condenar. Cuando el delincuente no teme el castigo, delinquir se convierte en una opción de bajo riesgo y a esto se suma la recomposición criminal: los grupos armados desmovilizados nunca abandonaron sus rentas ilícitas, muchos de sus integrantes migraron a organizaciones urbanas cada vez más sofisticadas.

Tampoco podemos ignorar los factores sociales que alimentan este panorama, aunque pobreza y delito no son sinónimos, la informalidad, la falta de oportunidades reales y la exclusión en zonas periféricas, crean un entorno fértil para el reclutamiento criminal y para la formación de economías ilegales que erosionan la convivencia.

Ante este escenario, la respuesta institucional no puede ser garantizar. Suena mejor hablar de asegurar, porque se requiere un enfoque amplio, que priorice la seguridad humana y la protección de la vida. Colombia necesita pasar de la vigilancia dispersa a un control territorial efectivo y focalizado en zonas críticas; fortalecer la inteligencia -hoy debilitada y poco valorada-; potenciar la investigación criminal mediante tecnología y experiencia operativa; y atacar sin tregua redes de microtráfico y extorsión, verdadero motor financiero del crimen.

A la vez, debemos articular prevención social con acción policial: convivencia, salud mental, oportunidades educativas y laborales, el orden público no se impone únicamente con fuerza; también se construye desde lo social. La seguridad es un derecho y deber del Estado. Sin ella, no hay libertad plena ni desarrollo posible, Colombia no puede resignarse a vivir con miedo. Es hora de actuar con decisión, inteligencia y visión de futuro.