Declaran desacato y multa contra la Ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, por incumplir orden judicial sobre el Páramo de Almorzadero

El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga declaró en desacato a la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, y a dos altos directivos de la entidad, por incumplir una orden judicial que obligaba al MinAmbiente a expedir una nueva resolución de delimitación del Páramo de Almorzadero ubicado entre Santander y Norte de Santander.

La providencia judicial concluyó que el Ministerio de Ambiente no cumplió con lo ordenado por el Tribunal Superior de Bucaramanga en septiembre de 2019, que exigía definir los límites del complejo de páramos de Almorzadero en el plazo máximo de un año y bajo un proceso participativo conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017. Seis años después, la nueva resolución aún no existe y las comunidades siguen a la espera de un procedimiento transparente y con garantías.

Según el fallo, "las explicaciones presentadas por el Ministerio se limitaron a reseñar reuniones, mesas de trabajo y gestiones internas, pero no acreditaron avances sustanciales ni el cumplimiento de las etapas mínimas de participación ordenadas por la Corte: convocatoria amplia, información clara, recepción y análisis de observaciones, concertación efectiva y motivación reforzada de la decisión final". En criterio del juez, la omisión constituye un "incumplimiento material y continuado que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades locales y desconoce la autoridad de la justicia constitucional".

Un patrón de incumplimientos:

Santurbán también en desacato

Este nuevo fallo se suma al proceso de desacato en curso contra el Ministerio de Ambiente por el incumplimiento en la delimitación del Páramo de Santurbán, un trámite que acumula ya ocho años de retraso. En ese caso, el Tribunal Administrativo de Santander advirtió el incumplimiento por parte del Ministerio Ambiente de los cronogramas establecidos, la realización de solo seis de las 31 mesas de trabajo programadas con las poblaciones afectadas y la falta de priorización de recursos para cumplir con la sentencia judicial.

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han instado en repetidas ocasiones al Gobierno a culminar de manera urgente los procesos de delimitación, y han solicitado que mientras se expiden la delimitación definitiva, se suspenda la Resolución 0221 que estableció na Zona de Reserva Temporal de 75.000 hectáreas por fuera del páramo, sin estudios técnicos concluyentes y vulnerando el derecho a la participación de los habitantes de 6 municipios de la provincia de Soto Norte y en contravención de tres sentencias de la Corte Constitucional.

Según los Tribunales, la falta de delimitación de Santurbán y Almorzadero, mantiene en un limbo a las comunidades campesinas, agricultoras y mineras, que carecen de reglas claras sobre su permanencia y sus actividades productivas, y deja sin seguridad jurídica las decisiones de conservación ambiental que deben adoptarse en estos territorios.

El fallo del Juzgado de Málaga, que también impone una multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes contra la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, pasará a consulta del Tribunal Superior de Bucaramanga. Junto a la alta funcionaria, también fueron declarados en desacato Delio Mendoza Hernández, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y su superior jerárquico, Mauricio Cabrera Leal,  viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental.

Las comunidades, los organismos de control y las altas cortes han insistido en que la delimitación de Almorzadero y Santurbán no puede seguir posponiéndose y que el Gobierno debe cumplir con la Constitución, la jurisprudencia y las exigencias de la comunidades que habitan estas zonas y que, por décadas, han protegido estos territorios.