Defensoría del Pueblo denuncia precariedad en centros de detención en Bucaramanga
Resumen
La Defensoría del Pueblo alerta sobre el hacinamiento del 740% y condiciones inadecuadas en estaciones de policía de Bucaramanga, instando a tomar medidas urgentes para mejorar la situación de las personas privadas de la libertad.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Estar privado de la libertad no anula la condición humana y las autoridades deben garantizar la vida e integridad de los detenidos, mientras se aplican soluciones concretas, señala la entidad.
La Defensoría del Pueblo declaró alerta por las malas condiciones en las estaciones de Policía de Bucaramanga, luego de una inspección que constató un hacinamiento del 740% en las unidades Norte, Centro y Sur.
Funcionarios encontraron ausencia de colchonetas, sanitarios inservibles y fallas en las instalaciones eléctricas, según el informe oficial.
La noche del lunes 25 de agosto, sindicados en la Estación de Policía Norte, ubicada en la carrera 15 con calle 4, iniciaron un motín. Varios detenidos prendieron fuego a colchonetas dentro de una celda.
El Cuerpo Oficial de Bomberos extinguió el incendio. Catorce detenidos resultaron con heridas leves. Las autoridades indicaron que la infraestructura no sufrió daños de consideración.
La Defensoría señaló que espacios concebidos como centros transitorios funcionan como lugares de reclusión permanente, sin condiciones mínimas de dignidad para las personas privadas de la libertad.
Por derechos humanos
A eso se suma la falta de comunicación con las familias, la negativa en la entrega de encomiendas y la carencia de espacios adecuados, lo que aumenta las tensiones entre internos.
La entidad instó a la Alcaldía de Bucaramanga y al Gobierno nacional a adoptar medidas urgentes y estructurales para descongestionar las estaciones de Policía y garantizar una reclusión digna.
Se pidió gestionar recursos para adecuar las infraestructuras y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población carcelaria. La Defensoría del Pueblo exigió informes periódicos sobre las medidas adoptadas y solicitó la apertura de canales de coordinación entre Policía, Secretaría de Gobierno y entidades de salud para atender necesidades básicas de los detenidos y prevenir hechos violentos.
