Del debate, el diálogo y Dragon Ball

El Gobierno decretó un aumento del salario mínimo del 23,7 % para 2026. La cifra, por sí sola, ya dice mucho. Casi que no tiene sentido tratar de explicar lo que significa. La inflación cerró en el 5,1 % y el crecimiento económico apenas rozó el 2,5 %. No hay ecuación, ni modelo serio, ni experiencia histórica que permita justificar esa decisión sin forzar la realidad hasta deformarla.

Pero, por favor, evitemos equivocarnos con el juicio. Lo ocurrido está lejos de ser un error técnico; es una decisión política. Ese matiz lo cambia todo.

Durante años, la izquierda dijo que la economía debía “humanizarse”, que los números eran fríos y que había que gobernar con el corazón. El problema es que cuando la economía se convierte en un instrumento de narrativa política, deja de cumplir su función básica de asignar recursos escasos de manera racional. Hoy, con todo lo que está pasando, estamos es discutiendo los relatos y hemos olvidado las cifras.

Aquí es donde el debate público se rompe. Esto va más allá de una discusión lógica sobre productividad, inflación o empleo. Es una disputa dialéctica en el peor sentido del término: no se busca la verdad, sino la victoria. Poco importa si el argumento es coherente. Tampoco si las consecuencias son previsibles; importa que el discurso emocione.

En ese terreno prospera la sofística. No la del ignorante, sino la del estratega: aquella que conoce la debilidad del razonamiento ajeno y la explota con falacias bien construidas. El Gobierno, en cabeza del presidente Petro y sus alfiles Roy-Armando, Freezer y Majin Buu, una mezcla de frialdad autoritaria con impulsos destructivos, más cercana a una caricatura de poder que a un proyecto de gobierno. Ahí la lógica se vuelve un estorbo cuando el objetivo es conservar el poder.

Paradójicamente, la oposición ha optado, quizá por convicción o por falta de alternativa, por una defensa casi ingenua de la lógica económica elemental. Habla de incentivos, de empleo informal, de destrucción de puestos de trabajo, de efectos de segunda ronda. Es un discurso más limpio, más honesto, pero también más frágil frente a una narrativa que apela a la ira, a la culpa y a la división moral del país.

Y así, el diálogo muere. Porque no hay conversación posible cuando una de las partes ya decidió que tener la razón es más importante que estar en lo cierto. Delaespriella es el único que parece entender que es necesario chocar y jugar en el mismo terreno.

Lo más preocupante no es el decreto en sí, sino que una parte significativa del poder político cree que la economía puede doblarse a la voluntad sin consecuencias. Que basta con repetir un argumento, por más defectuoso que sea, hasta que parezca verdad. Que el corto plazo siempre justifica el daño futuro.

Si ese modo de razonar se consolida, no es solo una corriente política de izquierda la que queda en entredicho. Es la capacidad misma de la sociedad para distinguir entre argumento y manipulación. Entre política y propaganda. Entre justicia social y simple demagogia.

La economía forma parte de la vida diaria de todos. No es un dogma, ni una fe, ni un acto de caridad. Y tampoco es un asunto divino. Las consecuencias de manejarla mal se sienten en el empleo, las tasas, los precios y en las oportunidades perdidas.

Cuando una sociedad acepta que los sofismas sustituyan a la razón en un tema tan sensible se jode. Si para ganar la discusión económica hay que renunciar a la lógica y abrazar la falacia, el problema no es quién tiene razón, sino que a nadie le interesa encontrarla. Es la vieja manía humana de repetir el error esperando que, esta vez, el resultado sea distinto.