Resumen
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El Gobierno Nacional sigue incumpliendo sentencia sobre el Páramo de Santurbán tal y como lo reveló un reciente informe de la Procuraduría y Defensoría, documento en el que se denuncia grave desinterés y consecuencias ambientales por parte del mandatario nacional, a pesar de que hay de por medio una orden perentoria por parte de la Corte Constitucional, sentencia en la que se ordenó avanzar de manera eficiente en el proceso de delimitación, al tiempo que se impuso como condición ineludible tener en cuenta la voz de las comunidades.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, presentaron el Vigésimo Primer Informe de Cumplimiento relativo al proceso de delimitación del páramo de Santurbán, correspondiente al período de agosto a diciembre de 2024.
Este informe refleja una serie de preocupaciones y situaciones críticas que han afectado gravemente la ejecución de las disposiciones de la Corte, las cuales buscan garantizar la protección de este ecosistema estratégico y los derechos de las comunidades que dependen de él.
Por ejemplo, en el documento, las entidades concluyeron que a pesar de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) propuso un cronograma para la delimitación del complejo de páramo jurisdicciones Santurbán - Berlín, la implementación de dicho plan ha sido sumamente deficiente.
“De las 30 mesas de trabajo previstas, solo se ha llevado a cabo una, lo que representa un cumplimiento de apenas el 3,33 %. Esta falta de avances ha generado desconfianza y malestar en las comunidades locales, quienes, debido a la ausencia de resultados concretos, han realizado protestas y bloqueos en diferentes regiones, reflejando el creciente malestar social ante la falta de cumplimiento”, cita el informe.
A su vez, el Ministerio Público advirtió en su informe que, estas dilaciones en el proceso de delimitación del ecosistema han favorecido actividades de minería ilegal, acentuando la problemática socio ambientales, el deterioro del tejido social, y la contaminación de las fuentes hídricas que abastecen de agua potable el área metropolitana de Bucaramanga; así como generando afectaciones en la salud de los santandereanos.
El documento destaca la grave situación ambiental en la zona, marcada por la minería ilegal y una alarmante contaminación por mercurio en las fuentes hídricas, superando hasta 40 veces los límites internacionales permitidos; impacto ambiental que es una consecuencia directa de la inacción de las autoridades encargadas de garantizar la protección de este territorio.
Llamados consecutivos
En repetidas ocasiones tanto la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo solicitaron al Tribunal Administrativo de Santander, verificar y valorar la configuración de un desacato por parte de la Ministra de Ambiente por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena delimitar el páramo de Santurbán.
En este sentido, advirtió el Ministerio Público que durante el 2024 no se conoce que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, haya realizado ningún tipo de actividad o actuación para dar cumplimiento a la Orden Quinta de la Sentencia de T-361 de 2017 proferida por la Corte Constitucional.
Así mismo, pese a los reiterados requerimientos del ente de control, aún se desconocen las razones por las cuales de manera injustificada, la cartera ministerial suspendió el proceso de delimitación del ecosistema estratégico ni tampoco las aclaraciones sobre el incumplimiento del cronograma acordado con el tribunal de Santander.
Alerta también la Procuraduría y la Defensoría sobre la falta de información a los participantes del procedimiento de delimitación del páramo Jurisdicciones Santurbán-Berlín a través del Micrositio “Santurbán Avanza” en la página web del MADS, el cual se encuentra desactualizado a pesar de ser el principal medio para reportar y publicar datos a todos los actores involucrados.
Finalmente, la conjunta solicitud refiere un inquietante retraso en el cronograma de ejecución, programación presentada por el MADS que tampoco fue publicada en el mencionado sitio, tal como lo establece la Sentencia, lo ha generado diversos conflictos sociales y presuntas situaciones de incumplimiento de lo estipulado en la orden y de los compromisos previos con las comunidades.
Delimitación debe ser urgente
En virtud de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado urgente al Tribunal Administrativo de Santander para que se tomen medidas inmediatas y efectivas que aseguren el cumplimiento de las órdenes judiciales; recomendando además, imponer plazos estrictos, un seguimiento riguroso y la evaluación de la adopción de medidas sancionatorias por el incumplimiento reiterado del cronograma propuesto por el MADS.
De igual forma, el ente de control precisó que es preocupante que se desconozca la orden judicial, dando lugar a una incertidumbre jurídica que vive hoy una de las despensas agrícolas más importantes del oriente colombiano, y que solo favorece a quienes desarrollan actividades mineras ilegales en este ecosistema.
También sugirió un pronunciamiento claro y contundente del Tribunal Constitucional frente a la conducta reprochable de autoridades regionales motivadas por la presión de sectores ambientalistas que de manera abierta y sistemática han entorpecido el proceso de avance de la concertación en dicho municipio.
Si bien la Procuraduría ha iniciado las averiguaciones disciplinarias de su competencia, refirió que el Tribunal imparta una orden perentoria al respecto y dé traslado a otros órganos de control para que se investigue esta situación irregular.
Finalmente, resaltó la necesidad de garantizar una participación ciudadana efectiva en los procesos de protección ambiental en la región, respetando los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y asegurando que sus voces sean escuchadas en el proceso de delimitación.
Para Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, es urgente que se culmine el proceso de delimitación, que ha estado pendiente durante más de una década, y que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades de la región.
