Delirio del Presidente Petro sobre la Registraduría previo a las elecciones

El Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, lanzó una acusación grave, tal vez en esos momentos de delirium tremens que lo dominan y enajenan cuando empieza a enviar mensajes por su cuenta de X, donde afirmó que Estados Unidos interviene en el software de escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, una imputación que pone en riesgo la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Esa afirmación altera el clima democrático en un momento crítico y exige respuestas claras e inmediatas, porque la política no puede sustituir a la verificación, aún más, cuando la autoridad moral del mandatario impone cuidado extremo al formular señalamientos públicos.

Los hechos desmienten la tesis presidencial. La bandera estadounidense que aparece visible en la página Web de la Registraduría corresponde a la Línea Anticorrupción 157, iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y apoyada por cooperación internacional para ofrecer atención ciudadana contra fraudes y delitos.

Según las informaciones estatales, esa cooperación financió equipos y soporte para la línea, pero no intervino ni mantiene vínculo técnico con la arquitectura de escrutinio electoral.

La explicación oficial y la comprobación periodística realizada en Bogotá contradicen la lectura de injerencia en sistemas de votación. La propia Registraduría negó la existencia de softwares foráneos que administren el conteo de votos y reclamó contra la desinformación que, según la entidad, afecta la legitimidad del proceso.

No se pueden lanzar acusaciones a la ligera, menos aún en medio del delirio del Presidente Petro sobre la Registraduría, en un momento tan crucial, porque es previo a las elecciones para el Congreso en marzo y para la presidencia en mayo y junio.

Si hay dudas, la vía correcta es investigar, documentar, presentar pruebas verificables ante las autoridades competentes y la opinión pública y no expandir cortinas de  humo para distraer la atención nacional sobre aspectos que tiene enredados debido a su pobre administración.

La simplificación de asuntos técnicos en mensajes de alto impacto produce daño institucional. Es cierto que el ácido enfrentamiento que  mantiene con Estados Unidos ha tomado rutas peligrosas, pero  esparcir acusaciones sin piso, avivan más la hoguera.

Encuestas recientes ubican a la Registraduría entre las instituciones con mayor imagen positiva, señal de que gran parte de la ciudadanía valora su funcionamiento y confía en sus procedimientos

La responsabilidad de la Presidencia de la República de Colombia incluye proteger, no erosionar, los pilares del Estado. Cuestionamientos infundados desde la cúspide del poder sólo abonan terreno para la polarización y la deslegitimación sistemática.

La democracia exige certezas, auditabilidad, rendición de cuentas y respeto por las instancias técnicas que administran el voto. Si existen pruebas de irregularidades, deben presentarse ante los órganos judiciales y electorales. Si no existen, corresponde una retractación pública y una explicación que repare la confianza dañada.

Exhortar a la prudencia es insuficiente. El país necesita liderazgo que privilegie la verdad institucional sobre la narrativa partidista. Y el primer llamado enérgico a ejercer esa responsabilidad es para el Presidente.