Democracia en Colombia lleva doscientos siete años bajo fuego
Resumen
La seguridad electoral en Bucaramanga incluirá apoyo reforzado de Fuerza Pública y policías. Más de 15.000 soldados en nororiente y 246.000 en todo el país protegerán las votaciones, pero grupos armados aún controlan áreas vulnerables, afectando la libertad del sufragio.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La democracia, en el mundo, no se defiende con discursos, se protege con garantías reales para que cada ciudadano deposite su voto sin miedo y sin presiones, pero en nuestro país la democracia lleva doscientos siete años bajo fuego o en la mira de las armas criminales.
Democracia, esa palabra tan vapuleada, irrespetada y que sirve de parapeto a corruptos y profanos, para simular que son buenos y hacer creer que los demás son los malos y es por eso por lo que las armas del Estado se erigen como la única defensa férrea y heroica para que Colombia vote en paz el próximo domingo.
Bucaramanga afrontará la jornada del 8 de marzo con un dispositivo ampliado que combina apoyo de la Fuerza Pública, refuerzos policiales y una coordinación logística centralizada.
La Alcaldía confirmó condiciones para que la ciudadanía acuda a las urnas con tranquilidad y libertad. La llegada de más de cien uniformados adicionales desde la Escuela de Formación de Vélez reforzará el pie de fuerza local mientras se desarrollan las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.
A nivel regional, la Segunda División del Ejército desplegará más de 15.000 soldados para custodiar sedes de votación en el nororiente del país. El operativo incluye la Trigésima Brigada, la Quinta Brigada, la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3.
En el ámbito nacional, las autoridades informaron que 246.000 soldados y policías tendrán responsabilidad directa sobre 13.493 puestos de votación, cifra que supera las habilitadas en comicios previos y refleja la prioridad de abrir más espacios para la participación ciudadana.
Las medidas logísticas resultan necesarias. No obstante, la seguridad perimetral no resuelve la deficiencia del Estado en zonas donde operan grupos armados que imponen restricciones, compran votos o controlan la movilidad y obligan a votar al ciudadano por quienes ellos apoyan. Informes de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU documentan peligro en al menos 127 municipios.
Ese diagnóstico obliga a reconocer que la libertad del sufragio se vulnera no solo por amenazas puntuales, sino por el control social y la coacción sistemática en territorios con escasa presencia institucional.
El Gobierno debe priorizar instrumentos que restablezcan la normalidad cívica, con presencia institucional continuada, acceso sin coacción a los puestos de votación, protección de líderes comunitarios y garantías para la actividad de los candidatos.
La movilización temporal de fuerzas armadas resulta insuficiente si no acompaña políticas públicas que recuperen el tejido social y la oferta de servicios básicos.
La agenda pública, desde el Presidente de la República y varios candidatos, debe abandonar debates improductivos sobre posibles fantasmas de fraudes sin sustento y centrar esfuerzos en el riesgo real que representa la peligrosa presencia de grupos narcocriminales.
Corresponde a todos los actores —Gobierno, autoridades locales, organismos internacionales y sociedad civil— asumir responsabilidades concretas para que el derecho al voto deje de ser una declaratoria teórica y se convierta en práctica de real democracia en cada rincón del país.
