En Girón la autoridad de tránsito se ha convertido en el epicentro de una tormenta institucional que amenaza con desbordarse. Denuncias reiteradas de corrupción, conflictos de interés, imposición arbitraria de comparendos y presuntas coimas para retirarlos configuran un panorama que exige una respuesta inmediata del Estado. Más grave aún, quienes han decidido exponer públicamente estos hechos aseguran haber sido intimidados y amenazados por ejercer control político y veeduría ciudadana.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

“Si me toca lo mato”, “Idiota, no soy agente de tránsito, soy Diego Cristancho, idiota”, “Me importa un culo quién es usted”. Esas son algunas de las expresiones con las que el alférez de tránsito que se identificó como Diego Cristancho dio respuesta a las graves acusaciones de corrupción en el interior de la Dirección de Tránsito de Girón.

Pero dicho así, el lector no dimensiona la altisonancia de la respuesta, habría que agregar que las frases fueron acompañadas de un ambiente tenso de copiosa agresividad, incluso protagonizada por colaboradores cercanos de Cristancho y quienes en un inmueble comercial dedicado aparentemente a realizar acompañamiento a la ciudadanía que requiere trámites en la Dirección de Tránsito de Girón, y donde han mantenido un silencio de ultratumba frente a los señalamientos que involucran a varios de los alférez de la institución.

Las acusaciones fueron elevadas por Carlos Parra, exconcejal de Bucaramanga y hoy candidato a la Cámara de Representantes por Santander, junto con Cristian Avendaño, actual representante a la Cámara y aspirante al Senado de la República. Ambos han venido denunciando un presunto entramado de corrupción que involucraría a agentes de tránsito del municipio de Girón y a empresas privadas vinculadas familiarmente a algunos de estos funcionarios.

Según Parra, el esquema sería sencillo, pero no por ello deja de ser perverso: agentes que imponen comparendos de manera arbitraria, incluso en situaciones irregulares o absurdas, y luego remiten a los ciudadanos a una empresa privada que ofrece “soluciones” para reducir o eliminar la multa, previo pago de un dinero adicional. En otras palabras, por un lado ponen las multas y por el otro las tumban, resume el denunciante.

La gravedad del señalamiento aumenta cuando se advierte que uno de los funcionarios mencionados, Diego Alexander Cristancho Blanco, pese a negar vínculos con el cuerpo de alféreces, aparece en videos difundidos en redes sociales ejerciendo funciones de autoridad de tránsito en Girón, lo que refuerza las sospechas sobre un posible conflicto de intereses.

Un negocio redondo

En una grabación difundida públicamente, Parra y Avendaño relatan cómo opera el presunto esquema. De acuerdo con su denuncia, se estarían imponiendo multas a vehículos estacionados de forma irregular, incluso “en chancletas”, para luego dirigir a los afectados a una empresa específica.

“Una persona que impone comparendos y manda a las mismas personas acá a que le saquen el descuento. ¿No te parece que es un conflicto de interés?”, se escucha en el audio. Según explican, el ciudadano tendría dos opciones: realizar un curso obligatorio que implica trámites, citas y varias horas de espera, o pagar una suma cercana a los 30.000 pesos para evitar el proceso. “No hacen el curso, solo la huella”, señalan.

En uno de los fragmentos más contundentes de la denuncia, se revela un chat interno de la empresa, en el que presuntamente el mismo Cristancho Blanco explica cómo ofertar el servicio. Para los denunciantes, se trata de la legalización de una coima disfrazada de trámite administrativo.

“Por 30 mil miserables pesos legalizan todo un esquema de corrupción. Esto, multiplicado por miles de personas, se traduce en un negocio redondo, con un recaudo millonario”, afirman.

La situación escaló cuando Parra y Avendaño decidieron profundizar en las denuncias y acudir personalmente a la sede donde funcionaría la empresa señalada. Días después, mientras realizaban una actividad de campaña pacífica en espacio público en Girón, fueron abordados de manera agresiva.

Según el comunicado de prensa emitido el 13 de enero de 2026, la jornada fue interrumpida por la llegada de Diego Alexander Cristancho Blanco y otras personas, quienes gritaban, increpaban e intimidaban a los candidatos. El episodio generó un ambiente de tensión y riesgo tanto para ellos como para los ciudadanos presentes.

“Ejercer control político y veeduría ciudadana no puede convertirse en una sentencia de amenazas. Denunciar irregularidades en tránsito es defender a la gente, no provocar violencia”, señalaron Parra y Avendaño.

Los hechos, aseguran, no son aislados. Se dan en un contexto de presiones y posibles retaliaciones tras haber hecho públicas las denuncias sobre el funcionamiento del tránsito en Girón y en otros municipios del área metropolitana.

 Denuncias aún más graves

Tras la exposición del caso, Parra asegura haber recibido una avalancha de testimonios ciudadanos. Los relatos coinciden en un patrón de abuso: imposición irregular de comparendos, agresiones verbales, intimidaciones y exigencias indebidas para “arreglar” sanciones.

Pero uno de los aspectos más alarmantes de las denuncias apunta a presuntas solicitudes de favores sexuales, especialmente a mujeres, a cambio de reducir o eliminar multas. De confirmarse, estos hechos no solo constituirían faltas disciplinarias gravísimas, sino posibles delitos penales.

“Lo que estamos escuchando es absolutamente indignante. Son prácticas que no pueden tener cabida en una institución que debe proteger a la ciudadanía”, advirtió Parra.

La reiteración de los testimonios ha llevado a los denunciantes a concluir que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático. En Girón, dicen, el tránsito dejó de ser una autoridad garante del orden vial para convertirse en un foco de temor y desconfianza.

Muchos ciudadanos, según Parra, optan por no denunciar formalmente por miedo a represalias o por la percepción de que nada ocurrirá. Esta cultura del silencio alimenta la impunidad y profundiza el deterioro institucional.

 Responsabilidad del Estado

Ante la gravedad de los hechos, Parra y Avendaño anunciaron la ampliación de denuncias ante las autoridades competentes y exigieron acciones inmediatas. Entre las solicitudes elevadas se encuentran: La intervención de la Superintendencia de Transporte para ejercer vigilancia y control sobre la Dirección de Tránsito de Girón. Explicaciones claras por parte de la Alcaldía de Girón y las autoridades locales, así como la actuación de los órganos de control y autoridades judiciales, para determinar responsabilidades disciplinarias y penales.

“En una democracia, las denuncias se responden con pruebas y justicia, no con intimidación”, recalcaron.

Lejos de retroceder, los denunciantes aseguran que continuarán ejerciendo veeduría ciudadana. “Tenemos que acabarles el negocio”, afirman, mientras invitan a las víctimas a enviar información y respaldar las investigaciones.

Ante la magnitud de las acusaciones, el silencio institucional no es una opción. El Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, los órganos de control y la justicia están llamados a investigar con rigor lo que estaría ocurriendo en la Dirección de Tránsito de Girón, donde, según las denuncias, la ley habría sido reemplazada por un negocio clandestino que golpea directamente el bolsillo y la dignidad de los ciudadanos.