Denuncian a Blessd por presunto secuestro, golpes y pruebas de sangre

El nombre del reguetonero Blessd (Stiven Mesa Londoño) volvió a aparecer esta semana en el radar judicial nacional después de que la Fiscalía recibiera una denuncia que, según el denunciante, involucra retención forzada, amenazas y la toma de muestras de sangre a personas vinculadas al cantante Pirlo.

Según la información que obró en el expediente, el conflicto tiene su raíz en un episodio de presunto hurto de joyas que trascendió en redes en diciembre de 2024 y en el que Blessd habría denunciado la sustracción de sus pertenencias. El caso tomó otra dimensión cuando, de acuerdo con la denuncia, el manager de Pirlo —Iván Andrés Galindo Navia— asegura que él, el artista y miembros de su equipo fueron retenidos y señalados como responsables de ese robo tras una filmación conjunta realizada el 21 de mayo de 2024 para el videoclip WYA Remix Black and Yellow, en el que participaron J Abdiel, Izaak y Anuel AA.

De acuerdo con la declaración juramentada de Iván Andrés Galindo Navia, a la que accedieron varios medios nacionales, los músicos fueron acusados de haber participado en el robo de joyas y relojes de Blessd, episodio que circuló ampliamente en redes a finales de 2024. Según su versión, los obligaron a entregar sus celulares, los golpearon y hasta los amenazaron con cortarles la lengua y los dedos si no admitían el supuesto hurto.

El denunciante agregó que, además de esas intimidaciones, habrían sido obligados bajo amenaza a desvestirse y entregar las claves de sus teléfonos. En ese contexto, aseguró que una mujer vestida con traje protector les tomó muestras de sangre, supuestamente para descartar rastros en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Tras aproximadamente hora y media, fueron liberados con advertencias de muerte si contaban lo sucedido.

El representante del equipo de Pirlo pidió formalmente que la Fiscalía requiera los celulares de las personas afectadas y analice la información de ubicación para demostrar la presencia de la comitiva en el inmueble señalado. Fuentes consultadas indican que Medicina Legal realizó valoraciones a quienes denunciaron los hechos y que la Fiscalía ha ordenado inspecciones y entrevistas como parte de la recolección de pruebas.

El expediente está siendo manejado por el fiscal 14 especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas, y, según los reportes periodísticos, el informe fue elevado ante el Tribunal Superior de la ciudad el 24 de septiembre. La Fiscalía ha informado que la investigación permanece en etapa de indagación: se han practicado diligencias iniciales —entrevistas, inspecciones y valoraciones médico-legales— pero no hay hasta ahora una audiencia de imputación, porque faltan diligencias técnicas y verificaciones de campo que robustezcan el acervo probatorio. El impulso procesal se aceleró luego de que una tutela obligara a la Fiscalía a dar trámite al caso.

Desde el círculo de Blessd, la reacción pública ha sido de rechazo a las imputaciones. El jefe de seguridad del cantante manifestó que prefiere dejar en manos de la Fiscalía las aclaraciones sobre lo sucedido y señaló que los relatos “no coinciden con la realidad”. Por su parte, el abogado Luis Ángel López, representante legal de Blessd y de Dímelo Jara, negó categóricamente las acusaciones, aseguró que su cliente no ha sido notificado formalmente de ninguna imputación y calificó los señalamientos como falsos; además dijo que las versiones sobre los hechos —según su criterio— han variado a lo largo del proceso.

La investigación cobró visibilidad en paralelo a la exposición internacional del artista: medios recuerdan que días antes Blessd había participado en la inauguración de la gala del Balón de Oro 2025 en París, lo que intensificó la atención mediática sobre el expediente en Colombia. Mientras tanto, la Fiscalía insiste en completar diligencias técnicas (análisis forense, verificación de ubicaciones y otras pruebas) antes de decidir sobre eventuales cargos.

En las próximas semanas las autoridades deberán resolver varias pruebas solicitadas por las partes: peritajes forenses, el cruce de información de los teléfonos requisados (si la Fiscalía accede a ellos) y las entrevistas pendientes. Sólo cuando ese acervo probatorio avance podrá evaluarse si procede una imputación formal u otras medidas procesales, respetando en todo momento las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.