Denuncian a concejal de Aratoca por violencia de género

Una grave denuncia de violencia de género ha sacudido al municipio de Aratoca, luego de que el concejal del Partido Liberal, Ciro Alfonso Ortiz Márquez, fuera señalado por su novia de 22 años de haberla agredido físicamente. Los hechos, presuntamente ocurridos el pasado 31 de agosto, han generado indignación y un llamado a la acción por parte de las autoridades locales.

Detalles de la agresión

Según el testimonio de la víctima, la agresión se desencadenó en el municipio de Jordán, donde compartían con un grupo de amigos. Un aparente ataque de celos motivó la violenta reacción del cabildante. La joven relató que, tras aceptar una cerveza ofrecida por un amigo, Ortiz Márquez la empujó, insultó y, posteriormente, la golpeó de manera brutal dentro de un vehículo. "Me golpeó en la cara, el tórax y los brazos, incluso intentó ahorcarme", afirmó la víctima, quien también señaló que un acompañante del concejal le advirtió que la iba a matar.

La agresión continuó al llegar a Aratoca, donde vecinos tuvieron que intervenir para detener la golpiza y avisar a la Policía. Sin embargo, la joven denunció la presunta inacción de los uniformados, quienes no habrían intervenido en la situación debido al estatus de funcionario público del agresor.

Tras la denuncia, la víctima fue trasladada al hospital local de Aratoca, donde se activó de inmediato el protocolo por violencia intrafamiliar. El personal médico le brindó atención por múltiples golpes y laceraciones, y posteriormente el caso fue notificado a la Comisaría de Familia.

Ante la gravedad del hecho, la Personería Municipal de Aratoca solicitó informes detallados a la Policía, al hospital y a la Comisaría de Familia sobre las acciones y medidas de protección implementadas para la joven. Por su parte, la Alcaldía de Aratoca emitió un comunicado en el que "rechaza de manera enfática" la violencia contra la mujer y pide a la Fiscalía General de la Nación que inicie una investigación rigurosa contra el concejal.

Clamor por justicia

El caso ha generado gran preocupación en la comunidad, que exige protección para la víctima y una pronta intervención de la Fiscalía y la Procuraduría. La situación reviste una mayor gravedad al involucrar a un funcionario público, cuyo cargo lo obliga a ser un ejemplo de respeto y convivencia pacífica. Se espera que las autoridades competentes actúen con celeridad para garantizar la justicia y evitar la impunidad.