Denuncian ante autoridades de Estados Unidos un presunto soborno de $300 millones contra Álex Char
Denuncian ante FinCEN un presunto soborno de $300 millones contra Álex Char y posibles movimientos de lavado de activos ligados a Serfinanza.
Denuncian ante FinCEN un presunto soborno de $300 millones contra Álex Char y posibles movimientos de lavado de activos ligados a Serfinanza.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Una denuncia presentada ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo escrutinio al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por un presunto soborno de $300 millones relacionado con un contrato para realizar obras en la cárcel El Bosque. El documento también plantea posibles movimientos de lavado de activos vinculados con Serfinanza, empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Char.
La denuncia fue radicada el 13 de agosto de 2026 por Luis Enrique Guzmán Chams, representante legal y accionista de GPS Construcciones del Caribe S.A.S., empresa que ejecutó el contrato cuestionado. El empresario presentó el documento con su huella y no solicitó reserva sobre su identidad ni sobre el contenido de la denuncia.
El caso se relaciona con un contrato por $1.658 millones para realizar una obra en la cárcel El Bosque de Barranquilla. Según la información divulgada por el periodista Melquisedec Torres, el negocio fue adjudicado directamente a GPS Construcciones durante una declaratoria de urgencia manifiesta en 2017.
El señalamiento del empresario
Guzmán Chams sostiene que habría entregado información a las autoridades colombianas sobre este contrato y otros negocios públicos adjudicados durante la administración de Char. Entre ellos aparece el denominado mega tanque, una obra cuyo valor superó los $36.000 millones.
El empresario ha señalado desde 2020 que, en relación con ese contrato, habría tenido que entregar $2.300 millones a Alejandro Char. Estos señalamientos hacen parte de un conjunto de denuncias que, según Guzmán Chams, ha presentado durante más de seis años ante la justicia colombiana.
El denunciante asegura que durante ese periodo ha ofrecido colaborar con las autoridades a cambio de mecanismos como un principio de oportunidad o un preacuerdo, pero afirma que estos no se han concretado. También sostiene que la Corte Suprema no habría iniciado una investigación sobre los hechos que ha puesto en conocimiento de las autoridades.
Además de Char, el empresario ha hecho referencias a otros contratos públicos y mencionado al exsenador Efraín Cepeda dentro de sus señalamientos.
La denuncia llegó al sistema financiero estadounidense
El documento presentado ante el FinCEN no se limita al supuesto pago irregular relacionado con la cárcel El Bosque. También plantea una posible operación de lavado de activos a través de Serfinanza, entidad financiera vinculada al grupo empresarial de Char y con conexiones con el sistema financiero estadounidense.
El FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro encargada de combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Entre sus funciones está recibir y analizar reportes sobre operaciones sospechosas y, cuando corresponde, compartir información con autoridades judiciales y organismos encargados de investigar delitos financieros.
La presentación de Guzmán Chams introduce así una dimensión internacional a un caso que ya había sido llevado ante autoridades colombianas. La denuncia busca poner bajo análisis posibles operaciones que, según el empresario, podrían haber utilizado mecanismos relacionados con el sistema financiero estadounidense.
Un caso aún por esclarecer
Guzmán Chams fue candidato a la Alcaldía de Barranquilla en 2023 por el partido Verde Oxígeno y obtuvo alrededor de 8.200 votos, frente a los más de 415.000 conseguidos por Char.
Los señalamientos contenidos en la denuncia corresponden a acusaciones formuladas por el empresario y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal. Será competencia de las autoridades establecer la existencia de los hechos denunciados, determinar si hubo conductas ilícitas y establecer eventuales responsabilidades.
El desarrollo del caso dependerá ahora de las actuaciones que adelanten las autoridades estadounidenses y colombianas, así como de la eventual cooperación entre ambos países para verificar la información relacionada con los presuntos pagos y movimientos financieros.
